(Diario de Ibiza, 6/06/2009)

La institución se subrogó las competencias de disciplina urbanística de Sant Antoni debido a «su inactividad», según el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon. La propiedad tiene un mes para derribar la vivienda

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ. El Consell Executiu acordó ayer ordenar a la propiedad de una vivienda de dos plantas situada en la finca de Can Vicent Puig, en Sant Rafel, construida sin licencia, que en un plazo de un mes ejecute su derribo. También se aprobó imponer a los promotores del inmueble una sanción de137.624 euros (22,8 millones de pesetas) por cometer una infracción urbanística grave. En el caso de que los propietarios incumplan la orden de derribo (la primera de esta legislatura) y no restituyan la zona a su estado origional, el Consell lo hará de forma subsidiaria con cargo a los responsables de la infracción.

Esta construcción resulta ilegalizable, según el informe de los técnicos del Consell. La vivienda se levantó sin ninguna autorización sobre una finca calificada como rústica en la cual ya existía otra casa de casi 300 metros cuadrados. El nuevo inmueble que debe derribarse tiene una superficie de 146,5 metros cuadrados y consta de dos plantas distribuidas en planta baja (sala, dormitorio, baño y dos dependencias destinadas a almacén) y una planta piso, con un dormitorio y otro baño.

El informe técnico del Consell apunta que la nueva vivienda se diseñó como parte separada del núcleo principal, lo cual queda patente en el hecho de que el camino de entrada se bifurca en forma de ´Y´, en dos viales diferentes, para dotar de acceso independiente a cada una de ellas (ver imagen). El mismo informe apunta que no se puede legalizar dicha construcción dividiendo la finca en dos parcelas distintas dado que el terreno tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, que, precisamente, es la parcela mínima en suelo rústico común para edificar sólo una vivienda unifamiliar.

Venta de la finca

Este expediente arranca en el año 2003. El Consell inició una investigación sobre la legalidad de esta vivienda, pero quedó interrumpida por un recurso contencioso administrativo presentado por la propiedad, según explicó ayer la portavoz y secretaria del Consell Executiu, Pilar Costa. Desestimado el recurso, el 2 de junio de 2008 el Consell abrió un expediente de disciplina urbanística subrogándose la competencia que corresponde a Sant Antoni, dada «la inactividad del Ayuntamiento», según explicó ayer el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon. En ese momento se inició un procedimiento sancionador contra los promotores de las obras y la propiedad actual, la entidad Kaiserbrats Holdings S.L., que adquirió esta finca mediante escritura de compra venta el 8 de junio de 2007.

Precisamente, la nueva propiedad de la vivienda alegó en contra de dicho proceso que cuando compró la finca desconocía la situación jurídica y urbanística de la misma, al tiempo que defendía que dichas obras eran plenamente legalizables, al entender que la nueva construcción era una parte anexa a la principal preexistente. Para defender este extremo, la nueva propiedad justificaba que las dos viviendas cuentan con un único contador de electricidad y de suministro de agua.

El expediente sólo afecta a la vivienda y una fosa séptica. También se construyeron una piscina y unas pérgolas sin licencia (la propiedad presentó un proyecto de legalización del conjunto en el Consistorio), pero el Consell no ha podido tener en cuenta estos nuevos elementos porque no tuvo conocimiento de su existencia hasta después de la apertura del expediente sancionador.