(Diario de Ibiza, 29/05/2009)

Los propietarios han presentado un recurso ante el TSJB para que les paguen más de tres millones de euros porque se construyó con autorización municipal

EIVISSA | N. G. G. La entidad Goettinger Vertiebsgesellschaft S. A., propietaria de la casa situada en la cima del Puig d´en Serra sobre la que pesa una orden judicial de demolición, sostiene que el Consistorio de Sant Josep deberá abonar el valor de la vivienda edificada y todos los gastos derivados de la demolición y el restablecimiento paisajístico.

Según informó ayer su representante legal, la entidad ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que reclama tres millones de euros por la casa y los 142.000 euros que, según el Ayuntamiento, se estima que costará su demolición.

«El Ayuntamiento de Sant Josep tendrá que hacer frente a la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación de la licencia de obras de la vivienda», apuntan desde la entidad propietaria, que recuerda que la casa se construyó «con la preceptiva autorización municipal» y que el Consistorio, «que otorgó dicha autorización», debe «responder abonando» al propietario las citadas cantidades.

«No se puede pretender que a quien se ve desposeído de su vivienda, construida al amparo de una licencia de obras, se le exijan además los costes de un proyecto y obra de demolición. Y ello sin que el Ayuntamiento haya cumplido con la responsabilidad patrimonial que le corresponde», sostienen los propietarios.

Su representante legal indicó que el pasado año solicitaron al Consistorio dicha responsabilidad, pero que éste rechazó la petición. A continuación, interpusieron un recurso de reposición que, según la representante, quedó «desestimado por silencio» administrativo. «No responden [desde el Ayuntamiento], no dicen nada», apuntó.

Ahora, ante el anuncio del Ayuntamiento de llevar adelante el derribo y pasar la factura al propietario, éste ha recurrido al TSJB para que le sean abonadas las cuantías mencionadas. «La ley es clara: las administraciones públicas han de responder por los perjuicios que causen a los ciudadanos y a sus bienes. Si el Ayuntamiento de Sant Josep otorga una licencia de obras y posteriormente ésta es anulada por un tribunal, es el Ayuntamiento el que ha de cubrir todos los gastos que se deriven de esa declaración», señalan los propietarios. A este respecto, reiteran que la institución tiene que responder «por los errores cometidos en el otorgamiento de licencias y por las consecuencias de los cambios en el planeamiento urbanístico».

Fuentes del Consistorio no pudieron confirmar ayer si se había denegado el recurso de los propietarios por silencio administrativo, ni tampoco si les habían comunicado el trámite con el TSJB.