(Diario de Mallorca, 25/05/2009)

El Ayuntamiento de Sant Josep acordará esta semana el inicio de la contratación de la empresa que demolerá la vivienda ilegal del Puig d´en Serra, construida en suelo inedificable

SANT JOSEP | JOAN LLUÍS FERRER. El Puig d´en Serra, cerca de es Cubells, es la segunda elevación más importante de la isla, con 436 metros, justo después de sa Talaia de Sant Josep, que tiene 475. Por su importancia paisajística y sus valores naturales, su cima quedó declarada inedificable tanto por la Ley de Espacios Naturales (LEN) de 1991 como las propias Normas Subsidiarias de Sant Josep, de 1986. Nada de esto fue obstáculo para que el Ayuntamiento de este municipio concediera en 1992 una licencia de obras para construir una vivienda de 330 metros cuadrados de superficie en la cumbre de la montaña.

El permiso de obras solicitado por el ciudadano Philippe Rossier no tenía, en condiciones normales, ningún viso de prosperar. De hecho, los servicios técnicos del Ayuntamiento emitieron un informe desfavorable, y lo mismo hizo la Secretaría municipal. Además, tampoco tenía el informe favorable de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU). Por causas que se desconocen, la comisión de gobierno, presidida por José Serra Escandell (PP), otorgó la licencia el 14 de mayo de 1992. Una sociedad luxemburguesa es hoy la propietaria de este inmueble.
Los ecologistas del GEN denunciaron los hechos ya en 1996, pero las quejas cayeron en saco roto. Sin embargo, cuando el Pacto Progresista de Pilar Costa gobernó el Consell Insular entre 1999 y 2003 interpuso un recurso ante los tribunales contra dicha licencia. En noviembre de 2004, el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Palma de Mallorca emitió una sentencia en la que declaraba ilegal y, además, ilegalizable este permiso de obras. Por ello, la resolución obligaba a demoler la vivienda y a sancionar a los responsables de la concesión de dicha autorización.

Orden de derribo

El Ayuntamiento de Serra Escandell evadió el tema eludiendo ejecutar los términos de la sentencia y anunciando recursos para evitar el derribo. Por supuesto, no constan sanciones adoptadas contra los políticos que votaron esa licencia ilegal. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Balears desestimó el recurso de Sant Josep y confirmó la orden de derribo, haciéndola firme.

La gravedad del asunto llevó a la Fiscalía de Eivissa a denunciar al propio alcalde y a sus concejales de la comisión de gobierno por un presunto delito de prevaricación, al haber otorgado un permiso ilegal sabiendo que lo era, dados los informes técnicos y jurídicos que poseía. Serra Escandell se negó en primera instancia a responder a las preguntas del juez, con lo que terminó sentándose en el banquillo de los acusados en el juicio que tuvo lugar en 2007. El alcalde salió absuelto, pero no porque no hubiera adoptado una decisión injusta, sino porque el delito había prescrito, pues fue cometido antes de que entrara en vigor el vigente Código Penal de 1995.

Con la llegada de la izquierda al gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep en mayo de 2007, el nuevo equipo de gobierno se propuso cumplir con el contenido de la sentencia de 2004. La propiedad, mediante escritos remitidos desde Luxemburgo, lucha incesantemente contra la demolición, presentando recursos que han ido siendo sucesivamente rechazados por el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, anunció que esta semana la comisión de gobierno tomará un acuerdo decisivo para el futuro derribo de la casa. Aunque declinó precisar su contenido, adelantó que se tratará del primer paso para que el Ayuntamiento pueda demoler, por sí mismo, la estructura del Puig d´en Serra, después de que se haya agotado el plazo de un mes que se dio al propietario para que lo hiciera él. Ahora, se abrirá un concurso para la contratación de una empresa, que ejecutará la demolición, valorada en unos 142.000 euros, y después se pasará la factura al dueño, quien, de todos modos, ha anunciado que presentará una reclamación de indemnización patrimonial.

El Consistorio confía en que las excavadoras lleguen a la cima de este monte antes de que termine el año.

Una ilegalidad que «estremece, espeluzna y horripila»

SANT JOSEP | J. LL. F.. La sentencia de la Audiencia Provincial que en julio de 2007 absolvió a Serra Escandell por haber prescrito el delito del que se le acusaba, confirmaba de forma rotunda la ilegalidad de la vivienda y no ahorraba calificativos contra la actuación del Ayuntamiento, una ilegalidad que «estremece, espeluzna y horripila». Los concejales de Sant Josep dieron ese permiso pese a que era «una clara, patente y clamorosa vulneración de la legalidad que en modo alguno se puede atribuir a un simple error, desconocimiento o ignorancia de los acusados». El tribunal añadía: «No albergamos duda sobre tal conocimiento por parte de los acusados; conocimiento de la injusticia clara y manifiesta» que suponía dar ese permiso.

En la resolución, los magistrados hacían también referencia a la desaparición del expediente administrativo de la licencia de Puig d´en Serra en los archivos del Ayuntamiento. Esa desaparición se produjo justamente cuando el juzgado lo requirió, y ello obligó a los servicios técnicos del Ayuntamiento a rehacerlo a medias con copias de parte de la documentación. Uno de los informes técnicos desfavorables, por ejemplo, ya no se pudo recuperar.Los magistrados de la Audiencia Provincial señalaron que la actuación de los concejales integró «un supuesto de autoencubrimiento». En el juicio, Serra Escandell se negó a hacer uso de la palabra, como ya había hecho anteriormente al ser citado como imputado ante el juez instructor del caso.