(Diario de Mallorca, 22/05/2009)

Bruselas amenaza con una congelación de los fondos comunitarios si no se atajan los "abusos" en la costa mediterránea

I. OLAIZOLA. PALMA. La aprobación del informe Auken en la Eurocámara a finales de marzo, un documento muy crítico con la "laxitud" de las normas urbanísticas españolas que "ha generado una forma de corrupción endémica" de la que no se sustraen sectores políticos y judiciales, marcará un antes y un después a la hora de tratar las denuncias por infracciones urbanísticas que lleguen a Bruselas.

"Los proyectos urbanísticos o de grandes infraestructuras que afecten a espacios medioambientales protegidos serán analizados con lupa por la Comisión Europea antes de ser aprobados", opina Pilar Marcos, experta en Costas de la organización ecologista Greenpeace.

"Gracias al informe Auken, una reclamación presentada por ecologistas o entidades vecinales contra un proyecto insostenible que llegue a instancias europeas tendrá ahora muchas más posibilidades de prosperar", sostiene Marcos. [Nota de Disúrbia: si hi ha un tipus de persones realment ingenues, són els ecologistes...]

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría un informe muy crítico de la eurodiputada danesa Magrete Auken con los "abusos" en que ha incurrido el desarrollo urbanístico español, con especial incidencia en el Levante peninsular e insular, que solicitaba además la congelación de los fondos comunitarios destinados a España si no se resuelven los malos usos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de la UE.

Los promotores de esta declaración, que piden además la modificación de la Ley de Costas para proteger los derechos de propietarios de inmuebles costeros sin impacto negativo sobre el litoral, esperan que la Comisión atienda la opinión mayoritaria de la Cámara y actúe con más rigor contra España por los desmanes urbanísticos que denuncian.

La responsable de Costas de Greenpeace denuncia que aunque desde Madrid se ha intentando minimizar la repercusión de la aprobación de este informe –que contó con los votos en contra de los eurodiputados populares españoles y la abstención de los socialistas– con el argumento de que no era estricto y que se refería a irregularidades detectadas fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, "el Gobierno no puede lavarse las manos diciendo que no son asuntos de su competencia porque él es nuestro único interlocutor ante Bruselas".

Marcos concluye que "la crisis económica es la mejor defensa del medio ambiente aunque el suelo recalificado hoy puede dormir el sueño de los justos hasta la próxima época de bonanza".

La Eurocámara acusa a todas las administraciones españolas

I.O. PALMA. El Parlamento Europeo, tras la aprobación del informe Auken por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, responsabilizó a todos los niveles de la Administración española por impulsar un modelo de "desarrollo insostenible".

Pero no son los únicos responsables de la actual situación. Bruselas también cargó las tintas contra las autoridades judiciales, de quien aseguró que "han demostrado que no están debidamente preparadas" para responder a los abusos urbanísticos.

El Europarlamento reclamó la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado el derecho comunitario, así como que se suspendan o se revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".

El Parlamento Europeo llamó también la atención sobre el "desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en las costas e islas".

Una de las enmiendas aprobadas durante la tramitación del informe de la eurodiputada danesa que lo endureció afecta especialmente al archipiélago balear al destacar que el actual modelo de crecimiento urbanístico "tiene consecuencias negativas sobre el sector turístico ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, dado que destruye los valores del territorio –yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, entorno natural y paisajístico– y fomenta la masificación".

Por último, la instancia comunitaria también se mostró muy crítica con la nueva Ley de Costas e instó a que se revise para impedir que un acto administrativo que obligue a ceder una propiedad esté basado en leyes promulgadas después de la construcción de ese inmueble. Buscaba proteger así los legítimos derechos de los propietarios de viviendas costeras "que no tienen un impacto negativo" sobre ella.