(Menorca, 6/05/2009)

Redacción Ciutadella. Un nuevo caso de construcción ilegal en suelo rústico se resolvió ayer ante el juez con un acuerdo entre las partes a través del pago de una multa. El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Maó, Bartomeu Mesquida, en su sentencia consideró autora responsable de un delito contra la ordenación del territorio a Teresa de la Fuente Gornés por dos módulos construidos de un total de 40 metros cuadrados en el núcleo rural de Son Cavalló.

La cotitular de la finca fue condenada a 6 meses de prisión, la pena mínima, que no deberá cumplir por no tener antecedentes y al pago de una pena de multa a razón de 15 euros diarios durante un año, lo que equivale a unos 5.400 euros. Como en sentencias anteriores, Teresa de la Fuente queda inhabilitada durante 6 meses como promotora de cualquier obra y deberá asumir al pago de la mitad de las costas procesales.

El acuerdo de conformidad entre las partes implica la rebaja de la pena sancionadora que pedía el fiscal, a razón de 50 euros diarios durante un año. Asimismo, el Ministerio Fiscal, representado en esta ocasión por José Antonio Gómez Arias, retiró la acusación  contra Luis Bernet Vegué, cotitular de la finca, que quedó absuelto del delito contra la ordenación del territorio.

Como ha sido habitual en la mayoría de los casos precedentes, el Tribunal de lo Penal se desplazó a Ciutadella y el juicio oral se celebró en las dependencias de los Juzgados de lo Social. La vista tuvo lugar dos semanas después del último juicio sobre el caso de los hortales.

El primer juicio que abrió el proceso se celebró el año pasado. Desde entonces se han resuelto casi la mitad de los 40 expedientes de delito contra la ordenación del territorio cuyo proceso inició el juez Luis Acayro Sánchez con la denuncia de construcciones ilegales en suelo rústico. El juez, que inició el proceso en 2006, fijó la atención en las construcciones recientes fuera de ordenación, cuyo delito en 2007 no hubieran prescrito y en los casos en que las edificaciones superaran los 30 metros cuadrados.

En este sentido, en mayo de 2007, el que fuera titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella archivó un grupo importante de expedientes por ser delitos contra la ordenación del territorio que habían prescrito.

En todos los casos, el acuerdo entre las partes ha permitido que las acusaciones por delito contra la ordenación del territorio se hayan resuelto con la obligación de los propietarios del pago de una multa judicial, que varía en cada caso entre los 1.500 y los 6.000 euros.

El 51 por cien cumple el PTI

Según un informe municipal del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella, fechado en marzo de 2008, el 51 por ciento de los hortales del municipio cumplen con la normativa del PTI y disponen de edificaciones que no sobrepasan los 90 metros cuadrados construidos. El resto se encontraría fuera de ordenación. El proceso judicial iniciado con las denuncias de delitos contra la ordenación del territorio afecta a casos repartidos en los 15 núcleos rurales que bordean el núcleo urbano de Ciutadella. La existencia de los hortales continúa siendo una causa pendiente del urbanismo local desde los años 70. Los afectados e imputados por la instrucción judicial vienen lamentando la falta de voluntad y compromiso político de los últimos equipos de gobierno en el Ayuntamiento para solucionar el caso de raíz con el proceso de legalización a través de la aprobación y ejecución de los planes especiales. El actual equipo de gobierno ha iniciado el plan de S’Hort des Fasser.