(Diario de Mallorca, 28/04/2009)

F. H./ J.C. PALMA. Un celador municipal de Urbanismo constató ayer, a las 10, 00 horas, que la orden de derribo sobre las casas de la familia gitana de Son Anglada no había sido ejecutada tras la prórroga de un mes, concedida para evitar la multa de 42.000 euros si la demolición la realizaba el consistorio de forma subsidiaria. El técnico del Ayuntamiento certificó también el comienzo de los trabajos de demolición, iniciados por los propios miembros de la familia este fin de semana, que ya han afectado a la pared de una de las dos viviendas.

Un representante de esta familia habló ayer ante el pleno municipal para tratar de evitar que el consistorio interviniera de nuevo, aunque en vano. La regidora de Urbanismo, Yolanda Garví, respondió que la denuncia recae sobre una construcción ilegal en suelo rústico, cuyo derribo deriva de una sentencia judicial firme.