(Diario de Mallorca, 26/04/2009)

Dubon apuesta por demoliciones "ejemplarizantes", como la de las casas de Llucalcari, para concienciar a la sociedad

I. MOURE. PALMA. Los técnicos del Consell de Mallorca han finalizado el proyecto de derribo de la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes (Campos), lo que significa que la eliminación física de estas construcciones podría llevarse a cabo con prontitud si en un futuro el Tribunal Supremo ratifica de forma definitiva su ilegalidad. Éste es un litigio que data de mediados de los años noventa y que, en este tiempo, ha dado lugar a una quincena de resoluciones judiciales.

Una de las claves del proyecto reside en el elevado coste que comportaría. Desde la institución insular, se reconoce que, llegado el caso, existiría un problema de financiación para acometer una demolición tan compleja, motivo por el cual se haría necesario un acuerdo a tres bandas entre Govern, Consell y Ayuntamiento.

La consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, quien recuerda que el proyecto ahora concluido comenzó a redactarse en 2007, aclara que para hacer efectiva la demolición de las 68 casas inacabadas hace falta que "la sentencia sea firme". Dubon explica que, si el plan se llega a materializar, no sólo implicaría el derribo de las construcciones, sino también conllevaría la "restitución paisajística" de la zona.

De todas formas, el derribo puede tardar aún años. Según recuerda la portavoz del GOB, Margalida Ramis, están pendientes de resolución dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo, uno de los cuales está relacionado con la delimitación de la franja de protección costera y el otro, con la legalidad de las licencias concedidas en su día.

Al margen de lo que acabe dictaminando la justicia, Dubon remarca su apuesta por acciones de demolición "ejemplarizantes", que sirvan para hacer llegar a la gente que existe una apuesta decidida para convertir en polvo las irregularidades urbanísticas y restituir a la isla su patrimonio medioambiental. Por eso, este departamento insular, además de en ses Covetes, fija su mira esta legislatura en otro objetivo especialmente emblemático: las casas de Llucalcari, en el municipio de Deià.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que impuso una multa de 600 euros semanales al alcalde Jaume Crespí mientras no haga efectiva la demolición, la institución insular ha ofrecido su apoyo para sufragar la medida. De hecho, según informa Dubon, en breve se firmará un acuerdo de colaboración entre Consistorio, Consell y Govern para contribuir a financiar el derribo. "La idea de que aquí nunca pasa nada se había extendido, la idea de que a uno le ponen una sanción y aún así puede seguir construyendo como si nada. Esta sensación de impunidad se ha de acabar. Todo el mundo tiene que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer acciones ejemplarizantes", declara la consellera.

Además de estas grandes acciones "ejemplarizantes", desde la conselleria de Territorio se explica que no se dejarán de lado la tramitación de otras órdenes de demolición. Según los datos ofrecidos por este departamento, en la actualidad existen 139 expedientes de derribo, que se encuentran en distintas fases del proceso. Para este año, de acuerdo a esta información, está previsto que se ejecuten ocho demoliciones. Será en los municipios de Alaró, Pollença, Son Servera, Campanet, Llucmajor y Maria de la Salut. Se trata de viviendas en suelo rústico, con la excepción de los casos del municipio serverí, donde la estructura ilegal es una obra de ampliación de un hotel en suelo urbano, y Llucmajor (caseta con piscina).

La consellera Dubon confía en que, con la entrada en vigor de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, se agilizará la tramitación de los expedientes de demolición. Hasta el momento, cinco municipios (Puigpunyent, Alaró, Son Servera, Campanet y Sineu) han delegado en la agencia sus competencias urbanísticas en suelo rústico.

El problema de los vertidos incontrolados de restos de obras

El control de los vertidos ilegales de restos de obras es otra de las funciones de la Agencia de Disciplina Urbanística [Nota de Disúrbia: això és mal de creure, perquè es tracta d'una qüestió mediambiental més que urbanística...]. Dubon señala que para combatir esto se precisa la colaboración interdepartamental, ya que del tema de residuos se ocupa Medio Ambiente y de la cuestión de vigilar el suelo rústico se encarga Territorio. La consellera destaca que un mayor control reportará más ingresos a través del pago de tasas.

El plan urbanístico de Campos frena el golf de Son Baco, según el departamento de Territorio

I. M. PALMA. Los técnicos del Consell de Mallorca han concluido que el controvertido proyecto de campo de golf de Son Baco (Campos) es inviable, porque las propias normas subsidiarias de 1994 del ayuntamiento de este municipio establecen que los terrenos donde está previsto ubicarlo tienen la catalogación de zona forestal y, por tanto, están protegidos.

Así lo expone la consellera de Territorio del Consell de Mallorca, Maria Lluïsa Dubon, quien explica que esta circunstancia se descubrió por la investigación que iniciaron los técnicos a raíz de un recurso presentado por la organización ecologista GOB. Finalmente, este recurso ha sido estimado, motivo por el cual los promotores de Son Baco han presentado recientemente un contencioso-administrativo ante la institución insular.

El proyecto de golf se ha convertido en motivo de confrontación en el pacto de centro-izquierda, por el desmarque de UM al defender la iniciativa en contra de sus socios de gobierno. Dubon sostiene que el departamento que dirige se ha limitado a trabajar "con rigurosidad". "No tenemos que renunciar a hacer las cosas bien", afirma la consellera.