(Diario de Ibiza, 20/04/2009)

La Demarcación del Colegio confirma que, mientras bajan los visados de nuevas construcciones, aumentan las solicitudes de regularización de ilegalidades. En muchos casos se trata de edificaciones ilegalizables

EIVISSA | J. LL. FERRER. Los arquitectos de Eivissa y Formentera están percibiendo un aumento en el número de solicitudes de proyectos para la legalización de viviendas construidas de forma irregular, sobre todo en suelo rústico. La demanda de legalizaciones es muy superior a la de años anteriores y, también, contrasta con el descenso generalizado que está experimentando la construcción de nuevas edificaciones.

El presidente de la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Balears, Antoni Marí, confirmó que hace tres ejercicios, en 2006, el número de expedientes de legalización de casas fue de 87, cifra que pasó a 95 al año siguiente y a 108 en 2008. En los tres primeros meses de este año ya se han registrado 36 expedientes de legalización de viviendas.

Algunos arquitectos pitiusos, como Joan Prats, han percibido de forma especialmente clara este aumento, así como la bajada de encargos para la construcción de viviendas nuevas: «Si hasta hace pocos meses recibíamos el encargo de una casa por semana, ahora recibimos uno cada tres semanas. En cambio, en lo que se refiere a expedientes de legalización, hemos pasado de recibir un encargo cada tres meses a tener dos a la semana», señaló este profesional. Esta tendencia se ha intensificado en los primeros meses de este año, recalcó asimismo Joan Prats.

Vender la casa

Al parecer, el origen de este aumento de legalizaciones radica, entre otras cuestiones, en el interés de muchos propietarios de poner a la venta sus viviendas, que habían sido construidas incumpliendo algún precepto legal y que, por ello, no siempre aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad.

A efectos de avales bancarios, es preciso que la casa esté legalizada, puesto que, de lo contrario, se corre el riesgo de que en el Registro no figure su existencia y sólo conste el terreno.

El problema, explicaron estos profesionales, surge cuando algunas de estas viviendas no son legalizables, por haberse edificado en terrenos donde en ningún caso está permitida la construcción de casas.

En esos supuestos, los gastos realizados por el cliente ante el arquitecto, los trámites ante el Ayuntamiento y toda la consiguiente burocracia están condenados a irse al traste, dado que no lograrán legalizar una obra de estas características.