(Menorca, 17/04/2009)

Nota de Disúrbia: no es tracta d'un cas de disciplina urbanística, sinó de corrupció urbanística, però el ressenyam perquè en quedi constància.

L.B. Ciutadella. La Fiscalía pide penas de prisión para los dos ex ediles de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella, el empresario Antoni Picó Ginard y tres técnicos del área municipal por su implicación en el caso de la parcela de las ratas. En el escrito de acusación, la fiscal solicita un total de 7 años de privación de libertad para Llorenç Casasnovas por falsedad documental, tentativa de malversación y fraude en la administración pública por instigar la operación de compra-venta del solar propiedad de Sebastián Marqués.

La acusación de la Fiscalía pide más de 2 años de prisión al empresario mallorquín, Antoni Picó, acusado de cometer un delito de fraude. Por su parte, en el escrito se solicitan 2 años de privación de libertad a Avel·lí Casasnovas por tentativa de malversación.

Falsedad

La imputación de la fiscal también afecta al entonces gerente de Urbanismo, Xavier Quintana, para el que pide un mínimo de 2 años por colaborar en falsedad de documentos, una pena que también imputa a Filomena Salord, asesora jurídica municipal cuando sucedieron los hechos.

Asimismo, la Fiscalía pide una pena de 4 años y medio a la entonces arquitecta municipal, Marian Castro, por falsedad en las tasaciones de los solares que tenían que ser objeto de la permuta.

Según fuentes jurídicas consultadas, el escrito de la Fiscalía considera que las valoraciones fueron falsificadas y que llevar al pleno la permuta de la parcela de las ratas por un solar urbano fue un acto constitutivo de tentativa de malversación: se retiró del orden del día justo antes de su aprobación plenaria.

El escrito de la fiscal no imputa en ninguno de los casos el delito de estafa que había solicitado la acusación particular del jubilado afectado contra los dos ex concejales.

La Fiscalía, el órgano judicial imparcial, con su escrito de acusación obliga a la celebración del juicio y a que los ex ediles de Urbanismo, el empresario mallorquín y los tres técnicos se sienten en el banquillo como imputados por el caso de las parcela de las ratas. Cabe señalar que con la acusación, la fiscal declina un posible sobreseimiento del caso. En este sentido, el titular del Juzgado de lo Penal está obligado a abrir el juicio.

Recursos

No obstante, el juicio no podrá celebrarse hasta que no se resuelvan los dos recursos pendientes. Uno presentado por el PSOE, que pidió también la imputación del entonces arquitecto municipal, Sergi París; y otro presentado por Filomena Salord, que consideró que su actuación no debía ser objeto de acusación. Ambos recursos deben ser resueltos por la Audiencia Provincial. Por otro lado, falta que el PSOE y el PSM presenten sendos escritos de acusación por ser parte denunciante en el proceso.

En la fase del juicio oral, deberán declarar como imputados frente al juez los ex responsables de Urbanismo, los técnicos del área, testigos y el empresario mallorquín que formalizó la compra de la parcela.

La instrucción se inició en 2005 y está pendiente del juicio oral

El Ayuntamiento de Ciutadella retiró en 2005 del orden del día de la sesión plenaria la propuesta de permuta de la parcela de las ratas por un solar edificable en el Carrer Creu para Antoni Picó. El PSOE denunció que las tasaciones habían sido manipuladas. El empresario mallorquín había comprado la parcela de las ratas a Sebastián Marqués, un jubilado, por 24.000 euros, con la presunta intermediación del entonces edil de Urbanismo, Llorenç Casasnovas. El PSOE, el PSM y el Fòrum Ciutadà presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que aceptó la instancia y presentó una querella. A continuación, el PSOE se personó con las acusaciones de malversación de fondos públicos, negociación prohibida y tráfico de influencias. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella llevó la instrucción inicial del caso. Según fuentes judiciales el procedimiento se encuentra en la fase final. El Ministerio Fiscal ya ha presentado la acusación. La sentencia dependerá del Juzgado de lo Penal de Menorca. En enero de 2008, el Defensor del Pueblo aceptó a trámite la queja formulada por el PSOE referente al retraso en la instrucción del juicio por el caso de la parcela de las ratas. En el expediente figuran como imputados los entonces concejales de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas, cuatro técnicos como cargos de confianza y el empresario mallorquín Antonio Picó. La parcela sigue en estado de abandono y el Colegio Pere Casasnovas ha reclamado su desratización en repetidas ocasiones.