(Diario de Ibiza, 16/04/2009)

El examen de la documentación intervenida en los registros realizados en octubre del año pasado arroja nuevos datos reveladores sobre la presunta trama corrupta del ex arquitecto municipal

EIVISSA | ALBERTO FERRER. Los documentos intervenidos en los registros de las propiedades del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, arrojan nuevos datos que podrían sustentar la ampliación del número de personas imputadas en torno a la presunta trama que controló el urbanismo en este municipio durante años, según explicó ayer el fiscal jefe de Eivissa, Antoni Torres. El ex arquitecto declaró ayer durante hora y media ante el juez que investiga la trama corrupta, a la que se atribuyen unos ingresos de 15 millones de euros, sobre varios documentos aparecidos en el registro de su domicilio y también por su actuación en la ampliación irregular de una vivienda en ses Salines.

El magistrado del Juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, interrogó a Huerta por la nueva documentación, aunque, según fuentes del caso, queda mucho todavía por analizar. En concreto, el trabajo del grupo anticorrupción de la Guardia Civil que efectuó los registros en Eivissa se centra ahora en el análisis de la documentación hallada en el despacho profesional que mantenía Huerta con su hijo y su nuera -Antonio Huerta y Pilar Fernández, ambos también imputados en el caso- y los discos duros intervenidos. El fiscal jefe no quiso valorar la relevancia de los nuevos documentos para reforzar los cargos contra Huerta, al que se imputan los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Torres no descartó nuevas imputaciones en este sumario. De todos modos, el fiscal no quiso concretar si los indicios hallados apuntan hacia los responsables políticos del Ayuntamiento en la etapa en la que Huerta estaba al frente del gabinete urbanístico de Sant Josep, en la que José Serra Escandell (PP) era alcalde, o si las sospechas se orientan hacia constructores o promotores urbanísticos que podrían haber recurrido a los servicios del ex técnico.

No está previsto citar de nuevo a declarar al ex arquitecto municipal, aunque el Ministerio Público no lo descarta en función del análisis de la documentación que realiza el grupo especializado de Palma, que también efectuó los registros en Eivissa.

Lo que se descarta por el momento es que Huerta pueda volver a prisión, después de que la Audiencia Provincial apreciara que no existía riesgo de fuga. La otra posibilidad legal para su reingreso, el riesgo de que aprovechara su libertad para destruir pruebas en su contra, se agota a los seis meses de la imputación, un plazo que ya se ha cumplido en su caso.

Huerta, su hijo y su nuera permanecen en libertad con cargos por su presunta responsabilidad en una trama que, al parecer, controló durante años el urbanismo de Sant Josep. La investigación se inició por la denuncia del Colegio de Arquitectos, que sospechaba que Huerta realizaba encargos en su municipio a pesar de la incompatibilidad con su puesto. Para ello utilizaba a varios arquitectos que firmaban proyectos supuestamente suyos. Ya en 2005 el GEN denunció esta situación cuando desveló que desde su llegada a la isla, Fernández sólo trabajaba en Sant Josep. Huerta llegó a informar un proyecto de su nuera que invadía una área protegida en Cala Carbó. El ex técnico fue puesto en libertad provisional, tras cinco meses en prisión preventiva, después de pagar una fianza de 100.000 euros.

El promotor de la ampliación ilegal de una casa en ses Salines exculpa a Huerta y declara que desconocía la ley

EIVISSA | A. F. F. El promotor de la ampliación ilegal de una vivienda en ses Salines denunciada en 2007 por los técnicos de la conselleria balear de Medi Ambient asegura que actuó asesorado por un arquitecto, en manos del cual dejó la tramitación de la obra, según fuentes judiciales. En su declaración, el también propietario de la vivienda aseguró que la construcción no se amplió antes de esa fecha, con lo que exculparía al ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, que también está imputado en esta causa en la que se le imputa una posible falsedad documental.

Huerta emitió en 2004 un informe certificando un final de obra menor en el que se aludía a una ampliación de la vivienda, cuando sólo se había concedido una licencia para pequeñas reformas interiores como un cambio del embaldosado y el enlucido. Según el constructor, en ese año no se realizó ampliación alguna. También manifestó su convicción, en el momento de los hechos, de que no estaba haciendo nada ilegal.

Según testificó el propietario, al que se imputa un posible delito contra la ordenación del territorio, él se limitó a seguir las indicaciones que recibió del Ayuntamiento y a firmar los documentos que le presentaban, como las peticiones de licencia, y que de todo se ocupaba su arquitecto.

De hecho, según se deriva de la declaración del ex técnico municipal, la palabra «´ampliación´ se le pudo deslizar» en el documento, explicó el fiscal del caso tras el interrogatorio. Ante el juez, Huerta aseguró que se basó en la licencia emitida y en los informes que tenía sobre la obra ejecutada, que le decían que se correspondía con lo autorizado. De dar por buena esta versión, no habría base para mantener su imputación en este caso ya que en 2007, cuando se denuncian las obras, Huerta ya no ocupa puesto alguno en el gabinete urbanístico de Sant Josep y no pudo intervinir en unas obras que no contaban con autorización alguna.

También contribuiría a su descargo el hecho de que no se aprecia un crecimiento volumétrico en la vivienda antes de la denuncia realizada por un celador en 2007, según explicaron fuentes del caso.

Los actuales responsables urbanísticos del Ayuntamiento de Sant Josep no apreciaron indicios de una actuación irregular de Huerta Briz en este caso. Tras iniciarse la investigación por la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears en este nuevo caso, el arquitecto municipal se desplazó a la construcción de ses Salines para comprobar la situación y emitir un informe al respecto al juzgado. Según informó entonces el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, el dictamen corroboró que probablemente se produjo una ampliación de la vivienda posterior al final de la obra de reforma certificada por el ex arquitecto municipal en 2004. Prats anunció que se estudiaría si correspondía abrir expediente de infracción urbanística por este caso.

Aunque la vivienda se halla en el interior de suelo urbano y no excede los límites de su parcela, las mismas fuentes señalan que al hallarse en el interior del Parque Natural de ses Salines, cualquier construcción debe someterse a restricciones, entre ellas, la que prohíbe aumentar el volumen de lo edificado.