(Diario de Ibiza, 11/03/2009)

Sant Antoni sigue a la espera de que la jueza autorice la entrada en la mansión para iniciar las obras de demolición. La propiedad pide un mes más de tiempo

EIVISSA | E. R. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, ingresó a finales de la pasada semana en la cuenta bancaria del Banco Español de Crédito facilitada por el juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma el primer pago de mil euros correspondiente a la multa impuesta por la juez por el retraso que acumula la ejecución de la sentencia de demolición de la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès. Se trata del abono de la mensualidad de marzo, que deberá repetirse en los próximos meses mientras no se haya derribado la casa, con el agravante de que a partir de julio la sanción económica ascenderá a 600 euros a la semana.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, señaló que el alcalde ha pagado la multa con el dinero de su bolsillo, tal como contempla la resolución judicial, que, por otra parte, ha sido recurrida por Sala. «El alcalde debe pagar, y punto», dijo Pantaleoni, que rehusó aclarar si el resto de componentes del equipo de gobierno ha contribuido o no a hacer frente a esta sanción económica alegando que se trata de «una cuestión particular».

Por su parte, Pantaleoni informó de que el Consistorio sigue a la espera de que la jueza autorice la entrada en la vivienda para poder iniciar las obras de derribo. Dijo que la empresa concesionaria de la demolición, que es de Navarra, se desplazará a la isla cuando la jueza autorice la entrada en la casa, y no antes. «No pueden venir con la maquinaria y estar parados un mes esperando que la jueza se pronuncie», justificó el teniente de alcalde.

Pantaleoni también recuerda que en la ocasión anterior en la que el Ayuntamiento solicitó autorización para acceder al interior de la mansión (para redactar el proyecto de demolición), el juzgado tardó «cuatro meses» en resolver. Asegura que la propiedad del inmueble pide al menos un mes más antes de abandonar la casa, pero el Consistorio considera que el plazo ya está agotado, aunque se ha informado de dicha solicitud al juzgado para que resuelva.

«Nosotros sólo pedimos permiso para poder entrar. Si luego, la juez decide paralizarlo todo y darle un mes más de tiempo, será una cuestión suya», explicó. La jueza sostiene que el pasado 1 de noviembre concluyó el plazo de 18 meses dado para la ejecución de la sentencia, lo que ha motivado la imposición de la multa.