(Diario de Ibiza, 27/02/2009)

EIVISSA | A. P. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, insistió ayer en que el derribo de la casa de Cretu está pendiente de que llegue la autorización judicial para su desalojo de los habitantes de la vivienda. Además, aseguró que hará efectiva la multa de mil euros correspondiente al mes de marzo, que le ha impuesto el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Palma por incumplimiento de la sentencia que ordena el derribo de esta construcción ilegal.

No obstante, Sala señaló: «No ha habido ningún retraso voluntario y tampoco se me ha oído en audiencia previamente a la imposición de la multa como se indica que debería hacerse en varias resoluciones judiciales. Se ha dictado la resolución sin tener ocasión de defenderme ante el juzgado y lo tendré que hacer en apelación, pero mientras tanto tendré que acatar la sentencia».

Sala recordó que los recursos interpuestos por la propiedad de la casa de Cretu retrasaron el procedimiento. «Ahora hace ya unos días que estamos pendientes de la autorización de desalojo, aunque se nos dice que se dará cuando acreditemos que no nos dejan entrar, pero ya se ha dicho muchas veces que no nos dan permiso. Tendremos que ir con un notario que dé fe de ello, pero esto no es colaboración institucional», explicó Sala.

El alcalde no comprende cómo se decreta la sanción si antes no se ha autorizado el desalojo: «Deberemos recurrir a la Guardia Civil y ésta necesitará contar con una orden judicial que le ampare en su actuación para permitir el derribo», subrayó. «Actuaré judicialmente como corresponda -agregó- para defenderme y para que se revoque esta resolución, pero no quiero opinar cómo ha actuado el juzgado. Lo más importante es que no ha habido actitud obstruccionista por parte de nadie, no hemos obtenido el auxilio judicial que el auto inicial de febrero de 2007 anunciaba y se ha impuesto la sanción sin concederme el derecho de defensa», subrayó.