(Diario de Ibiza, 25/02/2009)

El teniente de alcalde dice que cuando la magistrada autorice la entrada en la casa se iniciará la demolición. Lamenta que la jueza no haya escuchado al alcalde ni investigado quiénes son los responsables de la demora

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El Ayuntamiento de Sant Antoni da por agotado el plazo dado a Michel Cretu para que retire los muebles de su mansión de Santa Agnès y está sólo a la espera de que la titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma autorice la entrada en el domicilio para iniciar los trabajos de demolición. La defensa de la propiedad ha pedido ahora un plazo de dos meses para vaciar la casa y encontrar una nueva vivienda, pero, por contra, el Consistorio recuerda que ya concedió 15 días hábiles, que ya han transcurrido, para el mismo cometido. Por ello, el Ayuntamiento sostine que en el momento en que reciba la autorización de la juez entrará ya en el domicilio para comprobar la situación y proceder ya, una vez que la constructora adjudicataria tenga todo a punto, a la demolición de la vivienda.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, considera que «no ha lugar» a admitir la nueva prórroga solicitada por Cretu. «Podría estar enredando toda la vida. Ya le dimos un plazo y para nosotros es el que es válido», indicó.

Por su parte, Pantaleoni asegura que el equipo de gobierno está cada vez «más sorprendido» por el auto en el que la jueza impone al alcalde el pago de una multa mensual de mil euros hasta que la casa no se haya derribado. El teniente de alcalde destaca que el auto de febrero de 2007 en el que la jueza daba un plazo de 18 meses para ejecutar la demolición y en el que, además, advertía de que si se incumplía podría imponer multas coercitivas sobre el patrimonio particular del alcalde, apuntaba que sería «previa audiencia de los afectados».

Pantaleoni también recuerda que en la misma resolución, la jueza apuntaba que se podría sancionar económicamente a «cualquier otra persona que pudiera ser responsable de la demora». «Ahora ni se ha escuchado previamente al alcalde ni se ha investigado si pudiera haber otras personas responsables de la demora», señala.

El teniente de alcalde recuerda, además, que la jueza tardó cuatro meses (del 17 de noviembre de 2006 al 26 de marzo de 2007) en autorizar la entrada en el domicilio de Cretu de Santa Agnès para redactar el proyecto de demolición. «Si ahora tarda cuatro meses más, ¿quién va a ser el responsable de la demora? ¿Va a tener que pagar el alcalde?», cuestiona Pantaleoni, que insiste en que ahora mismo «la pelota está sobre el tejado de la jueza», puesto que aún no ha resuelto la autorización judicial de entrada en la vivienda. El recurso que se presentará contra la multa «no suspende el pago de la misma». De todos modos, Pantaleoni insiste en que no se trata de «una cuestión económica», sino de «indefensión», ya que, reitera, el Consistorio no puede iniciar la demolición si la jueza no autoriza antes la entrada en la casa.