(Diario de Ibiza, 22/02/2009)

Los populares consideran que no se ha autorizado la entrada en la mansión y por eso consideran «contradictorio e incompresible» la sanción a Sala. La oposición le acusa de entorpecer la demolición

EIVISSA | REDACCIÓN El Partido Popular de Eivissa critica el reciente auto de la juez Irene Truyols que sanciona al alcalde de Sant Antoni, José Sala, a pagar mil euros por cada mes que transcurra sin que la vivienda propiedad del productor musical Michel Cretu sea definitivamente demolida. Mientras, el grupo municipal de PSOE-ExC considera que el primer edil ha mantenido una actitud «de clara obstrucción» a la orden que recibió «hace dos años» para demoler la polémica mansión y alaban la postura de la juez, que le ha hecho directamente responsable de sus actos «sin costarle ni un euro al Ayuntamiento», como recordó el concejal Pep Marí.

A pesar de que el propio Sala reconoció en mayo de 2007 que existía un auto que autorizaba la entrada en la mansión para proceder a su demolición, el PP interpreta ahora que la entrada al inmueble para hacer cumplir la sentencia de derribo «no ha sido autorizada de manera expresa» por el juzgado, «a pesar de haber sido previamente solicitada por el Ayuntamiento de Sant Antoni». Siguiendo esta tesis, el presidente del PP, Miquel Jerez, sostiene que el auto «certifica una situación totalmente contradictoria, paradójica e incomprensible» cuando, además, «se sanciona económicamente al alcalde por no haber hecho algo probablemente ilegal: entrar en una propiedad privada sin la preceptiva autorización».

El presidente del PP defiende la actuación del alcalde: «José Sala ha actuado en este asunto con extremo escrúpulo y pulcritud, se ha puesto a disposición de la Justicia para cumplir con un mandato judicial de derribo y ha defendido con rectitud los intereses del Ayuntamietno de Sant Antoni». Por ello, entiende que la sanción «deberá ser recurrida, por resultar inapropiada e injusta».

Para el PP, la actuación de la Justicia en este caso «se ha caracterizado por haber empleado una celeridad del todo inusual, desacompasada e ignorando el procedimiento administrativo paralelo necesario para licitar las obras del derribo». Jerez señala que mientras el Ayunyamiento adjudicaba en concurso las obras de demolición y resolvía los recursos administrativos presentados Cretu, el juzgado le apremiaba «para concluir el derribo». «No se explica ni se entiende que, sin haber cumplido con todos los trámites previos que exige la ley, sea la propia Justicia la que fuerce una situación de dudosa legalidad como ejecutar un derribo sin estar resuelta la adjudicación y sin poder entrar en la propia vivienda», según la interpretación que hacen los conservadores.

La oposición, por su parte, considera que Sala ha mantenido una actitud «poco ética y nada estética» en el proceso. «Da la culpa al GEN sabiendo que quien incumple la ley es él, que durante más de 20 meses está incumpliendo una sentencia», declaró Pep Marí, «por eso creemos apropiada la sanción».

Sala, como letrado, no puede alegar desconocimiento de los plazos legales, considera el concejal, pero a pesar de ello «adjudicó la demolición cuando se superaba un mes del plazo» establecido en el auto. Por eso Marí se pregunta «qué miedo tiene el alcalde a cumplir la ley, ¿qué gana con ello?». El concejal cree que, si Sala mantuviera la misma actitud que en las obras de las autovías, «ya se habría tumbado la mansión».

El grupo PSOE-ExC ha mostrado su preocupación por hechos como éstos: «El alcalde se ha convertido en un obstaculizador de la ley, un aparejador está imputado, un celador ha sido detenido y dos policías se enfrentan a cargos, uno por robar y el otro por amenazas», recordó Marí. «Queremos explicaciones sobre por qué sucede esto en nuestro municipio».

La demolición «no le cuesta dinero al Ayuntamiento», recordó Marí, «que no engañen a la gente». Las posibles compensaciones llegarían tras una eventual sentencia favorable a Cretu, posterior a la demolición. «Lo que le pedimos es que traslade cualquier responsabilidad económica al anterior alcalde y al aparejador, y no al pueblo, ya que son los responsables de este delito».

Los progresistas se plantean pedir al alcalde que asuma responsabilidades políticas por estos hechos en el próximo pleno de la Corporación, este jueves 26 de febrero.

El GEN ve «lógica» la multa y apunta que «lo que le duele a Sala es pagarla de su bolsillo»

EIVISSA | REDACCIÓN El GEN-GOB considera «lógico y muy moderado» el auto dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma que impone sanciones económicas al alcalde de Sant Antoni y lamenta «que para hacer cumplir una sentencia judical de demolición tengan que transcurrir más de siete años por las continuas maniobras dilatorias y la evidente nula voluntad de acatar las sentencias judiciales por parte de la Administración local y la propiedad».

La agrupación ecologista insiste en que «ha sido el propio juzgado el que, viendo la nula voluntad de acatar la sentencia por parte del Ayuntamiento, impuso un plazo límite para hacer efectivo su cumplimiento y ni eso consiguió que en el momento de finalizar el plazo se hubiese movido ni una sola piedra». Además, contrariamente a lo que afirma el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, «el retraso en el cumplimiento de la sentencia no es de 21 meses, ya que la sentencia no se habrá cumplido el día en que se inicien las obras de demolición sino el día en el que estas obras acaben».

El GEN añade que resulta «demasiado evidente» que lo que preocupa al alcalde y al equipo de gobierno municipal «no es que pague el pueblo, sino que únicamente pierden los nervios cuando quienes tienen que pagar son ellos de su propio bolsillo». De hecho, «el Ayuntamiento no puede pagar las sanciones que pesan sobre Sala porque eso sería constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos»