Palma: un juez acusa a Cort de permitir el crecimiento ilegal de Son Olivaret |
(Diario de Mallorca, 16/02/2009)
Una sentencia critica que el Ayuntamiento persiga a los propietarios de las casas y al mismo tiempo les facilite agua corriente
Nota de Disúrbia: amb una ingenuïtat angelical, novament un jutge penal deixa impune una clara infracció urbanística, sense més argument que el d'una futura legalització, a la vegada que es permet criticar a l'Administració per no castigar allò que ell tampoc no sanciona. Quin món... Per cert, això de cobrar IBI d'urbà a terrenys rústics és una pràctica habitual a tots els ajuntaments, i ja és ben hora que qualcú hi posi remei.
J.FRANCISCO MESTRE. PALMA. Un juez de Palma, Juan Manuel Sobrino, acusa al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca de haber permitido el desarrollo de una urbanización ilegal, como es la de Son Olivaret, en la barriada de Sant Jordi. El magistrado se pronuncia en una sentencia sobre el caso de un parcelista que construyó, no una, sino dos viviendas sin autorización, y que por ello fue juzgado y acusado de un delito contra la ordenación del territorio. La denuncia la formuló el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.
El juez dicta una sentencia absolutoria contra el parcelista porque existe la posibilidad, al menos como intención política, de que su vivienda pueda ser legalizada en un futuro, por lo que no tendría sentido que se le condenara ahora por un delito contra la ordenación del territorio.
El crecimiento de esta urbanización de Sant Jordi se remonta a principios de los años 90. En estos momentos hay cuantificadas más de 120 viviendas levantadas. Hay vecinos que viven todo el año en estas casas, pese a que saben que se trata de construcciones ilegales levantadas sobre suelo rústico o ganadero.
Al resolver este caso, el juez Sobrino mantiene que no existe duda alguna de que Son Olivaret es una urbanización ilegal, pero ello no ha impedido que los vecinos disfruten de sistema de agua corriente, luz eléctrica facilitada por Gesa, línea de teléfono y servicio de recogida de basuras. Es decir, los propietarios disfrutan de los mismos servicios que una urbanización legal.
El magistrado considera, y así lo señala en su sentencia, que es "incongruente" que el ayuntamiento de Palma persiga a un propietario por levantar una vivienda sin permiso y le acuse de cometer un delito contra la ordenación del territorio, pero al mismo tiempo se preocupe por proporcionarle servicios públicos como puede ser el agua corriente o la recogida de basuras. Y es por ello por lo que el magistrado se plantea en la sentencia porqué Cort inicia un expediente de infracción urbanística contra unos vecinos, y no contra la totalidad de los propietarios que han construido viviendas en esta urbanización. También entiende el juez que es una política absurda que el consistorio considere que la construcción de estas casas se considere que son contrarias al planeamiento urbanístico de Palma, pero al mismo tiempo Cort les cobre a los vecinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como si se tratara de viviendas legales.
Durante el juicio los testigos que fueron llamados a declarar por la abogada defensora, Isabel Coll, recordaron las visitas que hizo el ex alcalde de Palma, Joan Fageda, a Son Olivaret. El entonces primer edil les prometió una solución a esta situación irregular y les puso en contacto con una serie de técnicos para iniciar el proceso de legalización de la urbanización. De hecho, los propios vecinos contrataron a un arquitecto para que redactar un plan especial como paso previo a la legalización de Son Olivaret.
La absolución del vecino que ha construido estas dos casas también ha supuesto el rechazo a la petición de la fiscalía, que pidió que se iniciara una investigación a todos los vecinos que han construido ilegalmente sus casas y que están disfrutando de los servicios públicos.
El fiscal consideró que si todo el vecindario disfrutaba de los mismos servicios no se podía perseguir sólo a uno de ellos al que, por cierto, solicitó una pena de un año y tres meses de cárcel por construir sin licencia.