(Diario de Ibiza, 14/02/2009)

El ex arquitecto de Sant Josep certificó el final de una obra ilegal tres años antes de su ejecución, según la última denuncia aportada por la Fiscalía

EIVISSA | E. R. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha ampliado otro mes el secreto parcial de las actuaciones del caso del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, al que se le imputan una serie de delitos por encabezar supuestamente una trama de corrupción urbanística.

El juez dice que continúa en fase de estudio y análisis la documentación intervenida por la Policía Judicial de la Guardia Civil durante los registros efectuados el pasado mes de octubre en el despacho privado y la vivienda de Huerta Britz, así como en el domicilio de su hijo y la pareja de éste, que también están imputados, y en el departamento de Urbanismo de Sant Josep. Por ello, el magistrado entiende que debe mantenerse el secreto de esta parte de la investigación.

Por su parte, el juez ha abierto una nueva causa contra Antonio Huerta por las obras ilegales de una vivienda en ses Salines. El juez ha decidido unir esta causa a la ya abierta al entender que podría ser «un capítulo más en la dinámica delictiva que se le imputa en el seno de este proceso».

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears remitió este asunto a este juzgado tras recibir una denuncia por parte de la conselleria balear de Medio Ambiente. Un agente forestal detectó que se estaba ejecutando la ampliación de una vivienda situada en el Parque Natural de ses Salines al amparo de una licencia obtenida sólo para cambiar las baldosas de la cubierta del porche, las ventanas y fijar un muro. El Ministerio Público destaca que la obra es ilegalizable al situarse en una zona de alta protección.

Se da la circunstancia de que el agente forestal descubrió las obras ilegales en diciembre de 2007. Luego se comprobó la existencia de un certificado de final de obra de 2004, tres años antes, firmado por el ex arquitecto municipal, por lo que la Fiscalía sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental, aparte de otro contra la ordenación del territorio.

El juez ha pedido al Ayuntamiento de Sant Josep que remita el expediente de esta obra al juzgado en el caso de que no figure entre los documentos que fueron incautados durante el registro.