(Diario de Ibiza, 13/02/2009)

Deberá declarar como imputado por esta nueva denuncia, que se une a la investigación abierta por una supuesta trama urbanística. El fiscal sostiene que informó favorablemente la ampliación ilegal de una vivienda

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La causa abierta contra el ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre por encabezar supuestamente una trama de corrupción urbanística, se amplía ahora con una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears sobre la ampliación ilegal de una vivienda en el Parque Natural de ses Salines.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha decidido acumular esta causa a la ya existente y cita a declarar a Huerta en calidad de imputado el próximo 15 de abril. Ese mismo día también se tomará declaración en calidad de imputado al propietario de la vivienda y promotor de las obras. El magistrado pide al Seprona que compruebe el estado actual de las obras y que ordene, si procede, la paralización de las mismas, requiriendo al propietario para que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición sobre la vivienda y la finca con apercibimiento de que, de no hacerlo así, incurriría en delitos de alzamiento de bienes y de desobediencia a la autoridad judicial.

Falsedad documental

La denuncia del Ministerio Público señala que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y otro de falsedad documental. La actuación de la Fiscalía se basa en un informe jurídico del Govern balear, el acta de inspección de un agente de Medio Ambiente e información complementaria de la que se desprende que al menos hasta diciembre de 2007 se iba ejecutando la ampliación de una vivienda preexistente, con aumento de volumen de la edificación, en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) dentro del Parque Natural de ses Salines. Dichas actuaciones, destaca el fiscal, se realizaron sin licencia de obras ni ningún tipo de autorización administrativa, cuando, además, en ningún caso son susceptibles de ser legalizadas debido a que se encuentra en una zona de alta protección.

En su denuncia, el fiscal explica que el entonces arquitecto municipal de Sant Josep informó en septiembre de 2004 en el expediente administrativo que las obras de construcción, reforma y ampliación de la vivienda indicadas estaban «finalizadas» y se habían ejecutado «de acuerdo con el proyecto de licencia de obras exp. 581/2003, y con las condiciones exigidas por el acuerdo de concesión de la misma». No obstante, la licencia concedida no preveía, según el fiscal, obras de ampliación, por lo que, asegura, «presumiblemente se ha hecho constar de forma mendaz en un documento oficial la finalización de una ampliación conforme a la licencia y sus condiciones, amén de que, por la inspección efectuada en diciembre de 2007 por un agente forestal, se desprende, igualmente, que la ampliación no estaba finalizada en la fecha señalada por el informe, sino que se realizó con posterioridad».

El alcalde de entonces, José Serra Escandell, dio el visto bueno a las obras mediante una certificación emitida por la secretaria de la Corporación al amparo del informe de Huerta, según el auto del magistrado Pablo Mendoza.