(Diario de Mallorca, 7/02/2009)

Joan Font (PSM) asegura que el arquitecto municipal posteriormente "rectificó" y emitió un segundo dictamen favorable

MATEU FERRER. PETRA. El final de obra de la polémica vivienda ilegal en la finca de Son Canals -cuya licencia ha sido anulada por la Justicia, ordenando además su completa demolición- fue certificado por el propio alcalde, Joan Font (PSM), pese a no ser prerrogativa suya, y además, según el PP, lo hizo con un informe desfavorable del técnico competente.

Font niega tajantemente esta versión, y asegura que "existe un segundo informe" del mismo profesional, puesto que al cabo de pocos días "rectificó" y dio su beneplácito a las construcciones ejecutadas, motivo por el que el alcalde dio el final de obra.

En el pleno del jueves, el concejal del PP Miquel Santandreu exhibió un informe fechado el 7 de diciembre de 2001 por el arquitecto municipal sobre el final de obra solicitado por del promotor de Son Canals. El documento, escrito a mano, tiene una redacción ambigua y no se pronuncia a favor de dar el visto bueno a la obra realizada. Por el contrario, destaca que deben subsanarse varias deficiencias: la primera, que el promotor acredite documentalmente la situación registral de la parcela, en cuanto a su tamaño. La segunda condición -"debe aportarse proyecto con las modificaciones introducidas durante las obras"-, aparece tachada también a mano, y es sustituida por otra, instando a "finalizar el acabado de la fachada en un color pastel que se integre con el entorno".

Con todo, el detalle más llamativo aparece al final del dictamen, donde se añade una "observación" nada baladí: "La obra realizada se ajusta al primer proyecto presentado, con la particularidad de que se ha realizado un sótano de 33 metros cuadrados, no contemplado en el proyecto dedicado a almacén. Dicha obra no es legalizable", y a continuación se la valora en 1.465.000 de las antiguas pesetas.

Santandreu mostró otro papel, fechado tan sólo 21 días más tarde, en el que se lee textualmente: "El alcalde certifica que las mencionadas obras se han ejecutado con las condiciones exigidas en la licencia de obras". El edil del PP exigió explicaciones al alcalde sobre lo ocurrido, pero éste rechazó hacerlo y le emplazó al próximo pleno para ello. Preguntado por este diario, Font acusa al PP de ser "unos manipuladores", por "coger sólo algunos de los documentos, y darles una lectura interesada".

El alcalde dice que tras lo acaecido en la sesión, ayer consultó todo el expediente, "y hay otro informe posterior del arquitecto", donde "rectifica" sobre el sótano que inicialmente dijo que era ilegalizable, de modo que el dictamen final "es favorable a toda la obra".

Sobre por qué firmó él un certificado, al tratarse de una atribución exclusiva del secretario de la corporación, Font afirmó que lo habló ayer "con los funcionarios, y hasta hace unos años, lo hacíamos así", aunque "ahora ya no".

El PSM se inhibe de ordenar la demolición porque quiere asesorarse

M. FERRER/ T. OBRADOR. PETRA. El jueves tenía que aprobarse la orden de demolición de las obras ilegales en Son Canals, a costa del promotor, Alex Verthein. Sin embargo, el alcalde decidió dejar el punto sobre la mesa y solicitar a los servicios jurídicos del Govern y del Consell quién es el competente para tomar esta resolución.

Fue el concejal de UM, Miquel Jaume, el que introdujo la duda, al decir que su partido se había asesorado jurídicamente y que la orden de derribo de las construcciones ilegales no la tenía que tomar el pleno municipal, sino el alcalde.

El PP defendió todo lo contrario, recordando que la medida viene impuesta a raíz de una sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de Petra a restituir la realidad física de Son Canals antes de las edificaciones irregulares. La misma tesis defendió el secretario de la corporación, Francisco González, quien reiteró que necesariamente era el pleno el órgano competente para adoptar la orden. El alcalde hizo caso omiso y optó por retirar el punto del orden del día.

Rechazan la sentencia

Aunque un fallo judicial ya anuló la licencia de obras municipal para Son Canals el 27 de mayo de 2005, el PSM -que gobierna con mayoría absoluta- ha retrasado su ejecución tanto como ha podido, interponiendo sucesivos recursos de apelación que ha perdido siempre, siendo además condenado en costas. El último auto data de mayo del año pasado, y ya es firme, aunque su cumplimiento ha vuelto ahora a dilatarse de nuevo.