(Diario de Mallorca, 29/01/2009)

Pide pena de cárcel para un vecino que construyó dos viviendas en un terreno agrícola de Sant Jordi

J.F.MESTRE. PALMA. El fiscal Miguel Ángel Subirán anunció ayer que iniciará una investigación para descubrir qué motivos justifican que se faciliten servicios, como agua o luz, a las viviendas construidas ilegalmente en la urbanización de Son Olivaret, en Sant Jordi. Este anuncio del fiscal se realizó en un juicio celebrado contra un vecino de esta urbanización no legalizada, para el que solicita una pena de un año y tres meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. El acusado construyó dos pequeños edificios en un parcela agrícola, sin tener autorización para ello.

La abogada Isabel Coll demostró ayer que hay más de cien viviendas construidas en esta urbanización ilegal. Los propietarios pagan el recibo por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y reciben luz y agua como cualquier otra barriada legal. La abogada cree que si hay que condenar a su cliente, también se tendrá que hacer lo propio con el resto de vecinos que han levantado viviendas sin autorización aprovechando la pasividad municipal que no les ha obligado a derribarlas.

El caso en concreto que se juzgó ayer en Palma lo protagoniza un vecino que en los años 90 construyó un chalé con piscina. Hace tres años dividió su solar y en una parte del mismo volvió a levantar otra casa, de unos 80 metros, obra que fue paralizada y después denunciada por el Ayuntamiento.

Un perito detalló ayer que teóricamente las empresas no pueden facilitar servicios a las viviendas que se construyen ilegalmente, pero que en este caso, sin conocer las causas, se había hecho una excepción. Fueron varios los propietarios que han aportado facturas de pago de impuestos y de recibos de luz y agua. Según confirmó la presidenta de la asociación de propietarios, en estos momentos hay más de 120 viviendas levantadas

El fiscal sostuvo ayer que no se puede comparar el caso del acusado con el del resto de propietarios y recordó que no se limitó a levantar una sola construcción, sino dos.

La abogada defensora, que se opone a que el fiscal inicie esta investigación, culpó de esta situación urbanística al ayuntamento de Palma y recordó que no se ha ordenado ni una sola demolición de una construcción ilegal. Recordó que su cliente estaba convencido que podía construir una casa para su hijo ya que sus asesores le indicaron que sólo tendría que pagar una multa, pero que la vivienda nunca sería derribada. En este sentido, la letrada dijo que es una contradicción que Cort cobre el IBI como terreno urbano y no deje construir.

´Fageda nos prometió legalizar la urbanización´

El acusado de levantar una casa de una forma ilegal afirmó ayer que el ex alcalde de Palma Joan Fageda visitó varias veces la urbanización y prometió a los vecinos que encontraría una fórmula para legalizar la zona. "Nos prometió que no pagaríamos las multas y que la urbanización sería legal". Así lo afirmó el acusado y varios de los propietarios, que recordaron que el ex alcalde organizó una ´torrada´ para anunciar todas estas promesas. Fageda les puso en contacto con un abogado para solucionar esta situación que afectaba a más de 160 parcelas. Son Olivaret sigue siendo hoy terreno rústico.