(Diario de Ibiza, 23/01/2009)

La Guardia Civil investiga a un constructor que trabaja en la zona de Cala Mestella como el presunto autor de las amenazas recibidas por el alcalde y el teniente de alcalde de Santa Eulària, relacionadas con una obra ilegal. Además, este promotor acumula dos denuncias también por amenazas contra un empresario y de presunto fraude por parte de una particular de quien recibió al menos 3.000 euros para obtener unos permisos para su vivienda. El policía local de Sant Antoni, que ha sido apartado del cuerpo, y el especialista en telefonía detenidos el miércoles se encuentran en libertad provisional.

EIVISSA | NIEVES GARCÍA GÁLVEZ Un constructor, que atiende a las iniciales B. A. G. y que se encuentra en paradero desconocido (se cree que podría haber huido a la República Dominicana), es el presunto responsable de las amenazas recibidas en el Ayuntamiento de Santa Eulària, así como de otras a una particular y a un empresario. Así se desprende de la investigación abierta en torno a este caso que, según fuentes conocedoras de su contenido, esconde una compleja trama urbanística con varios frentes.

B. A. G. está vinculado actualmente a diez empresas de la construcción, ya sea como apoderado o como administrador, y ha realizado proyectos de edificación y reforma de viviendas por toda la isla y especialmente en Cala Mestella.

Fuentes próximas al caso explicaron que B. A. G. trabajó en varias obras con el ingeniero R. K. R., que había estado contratado puntualmente con el Consistorio santaulariense. B. A. G. y R. K. R. compartieron candidatura a la alcaldía de Santa Eulària en 2003 por Unión Democrática Balear y el inginiero también se presentó como número 19 por el PP en las últimas elecciones. Al parecer, R. K. R. descubrió que el constructor hacía «trabajos ilegales» relacionados con la edificación o reforma de viviendas sin licencia. B. A. G. le amenazó y exigió 120.000 euros o haría público un expediente cuyo contenido no ha trascendido, pero R. K. R. no cedió.

Motivado quizá por la paralización de una obra suya en Cala Mestella, según algunas fuentes, B. A. G. orquestó una trama de amenazas contra el alcalde y el teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí y Mariano Juan, respectivamente. Ambos recibieron sendos paquetes con el mismo contenido: una carta y un cd supuestamente remitidos por el ingeniero. «Estamos todos con la mierda hasta el cuello», se decía en la carta, mientras que en la grabación supuestamente Marí, Juan y R. K. R. comentaban la existencia de alguna autorización de obra a la que le faltaba algún trámite.

Los dos miembros del equipo de Gobierno municipal denunciaron lo ocurrido ante la Guardia Civil y aseguraron sentir temor «por ellos y sus familias». En el marco de la investigación de las amenazas, se levantaron sospechas sobre funcionarios municipales que habían sido expedientados. En este sentido, los agentes interrogaron a dos celadores del Ayuntamiento que negaron tener alguna relación con estos hechos.

Los detenidos, en libertad

Más tarde se averiguó que en la preparación de la carta y las grabaciones estaban supuestamente implicados el policía local de Sant Antoni y el especialista en telefonía detenidos el miércoles, amigos los dos del constructor. Al parecer, el agente, J. G. R., tenía una empresa de detectives privados y el otro hombre, J. J. E. M., colaboraba con él.

En su declaración ante el juez de guardia y tras mostrarle imágenes de un vídeo grabado en la oficina de correos de Jesús, J. G. R. reconoció haber escrito la carta «obligado» por B. A. G. y haber acudido a enviar los paquetes el 7 de enero. Por su parte, J. J. E. M. negó ser el autor de la grabación incluida en el cd. Tras escucharles, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Espinosa, decretó la puesta en libertad de ambos con la obligación de comparecer en la sede judicial.

Por otro lado, las mismas fuentes informaron de la existencia de una denuncia en el juzgado con fecha de 12 de diciembre interpuesta por una particular contra el mismo constructor. B. A. G. se puso en contacto con la denunciante, V. E. F. M. V. T., de nacionalidad alemana y que tiene una mansión en Santa Eulària, y le pidió 3.000 euros a cambio de gestionarle «algunos papeles» que le faltaban para poder legalizar su vivienda. La mujer accedió y abonó la cuantía, pero el constructor no llevó a cabo su intervención.

Del mismo modo, B. A. G. supuestamente había amenazado a otros constructores. Al menos consta la denuncia presentada por uno de ellos, que según fuentes conocedoras de la misma, afirmó que le había dicho: «Cuidado con la mierda en la que os vais a meter» y le había amenazado con hundirle , todo ello para que el empresario no siguiera trabajando en Cala Mestella.

Actualmente se busca al constructor, contra quien existe una orden requisitoria internacional. Los investigadores sospechan que está en la República Dominicana debido a que así lo dijo el policía local, quien añadió que debía volver a final de este mes o principios del próximo porque tenía dos juicios pendientes.

Suspendido de empleo y sueldo

REDACCIÓN. El Ayuntamiento de Sant Antoni confirmó ayer a través de una nota de prensa que J. G. R., el agente de la Policía Local de este municipio detenido por el caso de la red de extorsión y amenazas por asuntos urbanísticos de Santa Eulària, ha sido suspendido provisionalmente de «empleo y sueldo». A este agente se le imputa haber enviado sendas cartas de amenaza al alcalde y al teniente de alcalde de Santa Eulària. El Consistorio recuerda que se trata de «un hecho aislado» que no tiene nada que ver con el normal desarrollo de las funciones de la Policía Local de Sant Antoni. «Desde esta alcaldía se ofrece el máximo apoyo a los agentes de la Policía Local. Este hecho aislado no pone en tela de juicio la profesionalidad, la imagen y el buen hacer del resto de la plantilla», dice el comunicado de prensa, que agrega lo siguiente: «El Ayuntamiento condena todas las conductas o actuaciones contrarias a la legislación y normativas vigentes de persona al servicio de esta Corporación» y, asimismo, reitera y ofrece «la máxima colaboración a las autoridades judiciales».