(Diario de Ibiza, 22/01/2009)

La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El dueño de la casa de Cala Mastella se presentaba como víctima de una estafa

EIVISSA | REDACCIÓN. La Guardia Civil detuvo ayer a dos personas, una de ellas agente en activo de la Policía Local de Sant Antoni y la otra empleada de una compañía de telefonía, por las amenazas anónimas recibidas por el Ayuntamiento de Santa Eulària relacionadas con la paralización de una obra ilegal situada en Cala Mastella contra la que se abrió hace más de medio año un expediente de infracción urbanística. El Consistorio había impuesto una cuantiosa sanción económica al promotor por ampliar una vivienda existente sin licencia.
Las detenciones se produjeron al mediodía y ayer mismo los dos presuntos autores de las amenazas pasaron a disposición judicial. Al cierre de esta edición los dos detenidos prestaban declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa. Sobre este caso se ha decretado el secreto de las actuaciones. A los dos detenidos se les imputa la comisión de un presunto delito de amenazas y otro de coacciones.

Según ha podido saber este periódico, el agente de la Policía Local lleva al menos 15 años en el cuerpo. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, señaló que el Consistorio apartará al agente del servicio, aunque señaló que «se trata de una cuestión ajena a su trabajo como policía» que «no afecta» a este colectivo.

Fuentes próximas a la investigación explicaron que la operación de la Guardia Civil no está cerrada y que no se descartan nuevas detenciones. Los investigadores, según esta misma fuente, están intentando localizar a un tercer implicado, que podría estar detrás de los dos detenidos y relacionado directamente con la obra que fue precintada por el Consistorio al no contar con los preceptivos permisos. Según ha podido saber este periódico, el propietario de la vivienda, de nacionalidad francesa, había tenido problemas con la persona que actuaba en Eivissa como su representante. De hecho, parece ser que el promotor se presentaba como víctima de una posible estafa. Entre el material con el que trabajan los agentes de la Guardia Civil se encuentran al parecer grabaciones directas de la extorsión, que también fueron remitidas al Ayuntamiento. También podrían haberse pinchado líneas de teléfono, según las fuentes consultadas.

Dos miembros del equipo de gobierno recibieron cartas con un contenido amenazante por la orden de paralización y la sanción impuesta sobre esta obra, lo que provocó que el Ayuntamiento presentara una denuncia ante la Guardia Civil. Por su parte, a principios de diciembre, la asociación ecologista Amics de la Terra denunció públicamente estas obras ilegales. El grupo ecologista ya advirtió de que iba a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El promotor derribó una vivienda antigua, según la denuncia, y levantó una nueva, «tipo mansión», y una piscina.