(Diario de Mallorca, 25/12/2008)

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. El Bufete Pomar, que representa a varias de las víctimas del derrumbe del hotel Son Moll, que causó la muerte de cuatro obreros y heridas a otros trabajadores, ha pedido al juzgado de Manacor que investiga el caso la imputación del alcalde y el celador municipal de obras de Capdepera. La acusación particular estima que el alcalde socialista Bartomeu Alzina y el citado funcionario pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación omisiva, al no parar las obras de reforma del hotel que fueron emprendidas sin la correspondiente licencia municipal.

La jueza de instrucción 2 de Manacor, Martina Mora, deberá acordar ahora si llama en calidad de imputados a Alzina y al celador de obras. La instructora también tiene que tomar una decisión respecto al interrogatorio, también en calidad de encausado y a instancias de Bufete Pomar, de Bartomeu Estelrich, uno de los constructores que ejecutaban la reforma del hotel derrumbado y que está defendido por Eduardo Valdivia.

Cálculo de estructura

La jueza Mora interrogó como encausado anteayer al arquitecto Bernat N.M., que trabajó como calculista en las obras de reforma del hotel de Cala Rajada cuyo desplome parcial se está investigando.

El imputado, defendido por Isabel Martorell, explicó que trabajó como asesor externo en el proyecto por encargo de los arquitectos titulares, también imputados. Bernat N. aseguró que cobró 1.200 euros, más el IVA, por hacer una simple memoria de cálculo genérico de la reforma del hotel. Si le hubiesen pedido un estudio más profundo y preciso sobre las obras tendría que haber hecho lo que se conoce como "cálculo de estructura", que hubiera costado más de sesenta mil euros. El imputado ignora si se hizo este estudio.