UGT considera que el alcalde de Capdepera debería ir a la cárcel |
(Diario de Mallorca, 18/12/2008)
Autoridades y sindicalistas guardaron un minuto de silencio a las puertas del Parlament
M. M. B. / E. P. PALMA. Diputados autonómicos y sindicalistas guardaron a media mañana de ayer un minuto de silencio por los cuatro obreros fallecidos en la obra del hotel Son Moll. Tras el minuto de condolencia ante las puertas del Parlament, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y responsable de prevención de riesgos laborales de UGT, José Mas, arremetió con dureza contra el alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina (PSIB).
Mas reclamó la cárcel para Alzina por no haber enviado a la Policía Local para detener las obras en el establecimiento de Cala Rajada. "El hotel no tenía licencia para construir y, por tanto, cuatro o cinco personas, entre las que se encuentran el alcalde de Capdepera, el arquitecto, el aparejador y el jefe de obras deberían ir directamente a la prisión", subrayó, al tiempo que consideró que en caso de que los responsables de la Policía Local no estén diciendo la verdad, también deberían ingresar en la cárcel.
El responsable de prevención de riesgos laborales de UGT recordó que cuando alguien hace una obra ilegal, el Ayuntamiento envía a la Policía Municipal para paralizarla "inmediatamente" y, en este sentido, dijo que si los agentes no acudieron a los trabajos de reforma del citado hotel fue porque "no tenían la orden del Consistorio o porque ésta no les había llegado".
Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Construcción de CCOO, Rafael Palomino, desveló que los abogados de su sindicato están elaborando informes del siniestro, con el fin de denunciar ante los tribunales a los responsables del derrumbe.
La consellera de Trabajo y Formación, Joana Barceló, desveló hoy que el Govern está aportando informes técnicos a la Fiscalía sobre las obras del hotel Son Moll, con el fin de que la investigación judicial se pueda abrir "a todos los niveles", después de que ayer se derrumbaran tres de los nueve pisos de este establecimiento situado en Cala Rajada causando la muerte de cuatro trabajadores.
En este sentido, la presidenta del PP en Balears, Rosa Estarás, urgió que se activen todas las investigaciones pertinentes con el objetivo de supervisar la legalidad de todos los actores implicados en el siniestro.
En la concentración de ayer han participado, entre otros, el presidente de Balears, Francesc Antich; la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar; el delegado del Gobierno, Ramon Socias; la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, y diversos dirigentes de CCOO y UGT.