(Diario de Ibiza, 5/12/2008)

Reitera que la medida tiene por objeto evitar que los imputados puedan seguir aprovechándose de los efectos de los delitos supuestamente cometidos. Su abogado insiste en que no pueden hacer frente a los gastos básicos

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha rechazado el recurso de la defensa de Antonio Huerta Briz en el que reclamaba el levantamiento del embargo de bienes inmuebles y el bloqueo de las cuentas bancarias del ex arquitecto municipal de Sant Josep, su esposa, su hijo y su nuera, así como de cinco sociedades de la familia por valor de 15,7 millones de euros para cubrir la responsabilidad de los delitos que se les imputa.

El magistrado no atiende a la petición ni a las explicaciones de la defensa, que, entre otras cosas, alega que los imputados «no van a poder hacer frente ni a los gastos corrientes más elementales» y que los bancos van a rechazar las domiciliaciones más normales y más obvias en la vida cotidiana de cualquier familia. En su auto, el juez recuerda que la medida decretada de embargo patrimonial tenía por objeto evitar que los imputados pudieran «seguir aprovechándose de los efectos de los delitos presuntamente cometidos».

Ante la negativa del magistrado, la defensa de Antonio Huerta, que está en prisión preventiva desde el pasado 9 de octubre por ser el supuesto cerebro de una trama para monopolizar los proyectos urbanísticos del municipio donde desarrollaba su función pública, ha elevado un recurso a la Audiencia Provincial en el que insiste en que el cálculo realizado por las autoridades policiales sobre los movimientos bancarios de las sociedades de los imputados en los últimos 10 años y que alcanza los 15,7 millones es erróneo, puesto que se contabilizaron varias veces los mismos abonos.

Importe astronómico

El abogado de Huerta defiende que el juez no motiva en el auto en el que decreta el embargo de los bienes inmuebles de la familia qué delitos se han cometido para ocasionar perjuicios «de ese importe tan astronómico», y cuestiona por qué todos los movimientos bancarios habidos durante diez años se consideran, así, consecuencia de hechos delictivos. De esta manera, la defensa argumenta que todos los ingresos que Huerta percibió desde el año 1998 hasta 2006 del Ayuntamiento de Sant Josep por su actividad pública (279.000 euros) serían computados como ilícitos sin serlo. Además, Huerta realizó una serie de proyectos fuera del municipio de Sant Josep, pagados muchos de ellos desde Alemania, aparte de recibir ingresos por actividades económicas ajenas al ámbito de la arquitectura, fundamentalmente alquileres percibidos por el arrendamiento de inmuebles, que, en su mayor parte, según su abogado, fueron adquiridos antes de que Huerta comenzara a trabajar en el Ayuntamiento de Sant Josep.

El juez destaca en uno de los autos que el ex arquitecto municipal reconoció expresamente que no podría justificar unos ingresos inferiores a la mitad de los más de 15 millones de euros. La defensa sostiene que a lo largo de los años hubo traspasos continuos realizados por distintos motivos entre distintas sociedades de la familia y que no pueden considerarse ilícitos. El abogado de Huerta también destaca que no tiene sentido hablar, según él, de una estructura o entramado de sociedades constituido con el objetivo de delinquir, puesto que tres de las sociedades investigadas fueron constituidas antes de que el arquitecto iniciara su actividad pública.

El arquitecto puede perder propiedades por impago, según alega la defensa

EIVISSA | E. R. La defensa del ex arquitecto municipal de Sant Josep alerta de que por culpa del bloqueo de las cuentas bancarias de la familia se podrían perder algunas propiedades por impago. Se refiere a los bienes inmuebles que fueron adquiridos a partir de octubre de 1996 (los locales que constituyen el estudio particular Antonio Huerta Arquitectos S.L. y la vivienda en Vista Vedrà titularidad de Arkirent S.L.) a través de préstamos hipotecarios.
Dichos inmuebles, sostiene el abogado de Huerta, llevan «el camino de perderse» en el caso de que se mantengan las medidas cautelares, debido a que las cuentas bancarias a cargo de las que se pagaban los recibos de la hipoteca se encuentran bloqueadas desde el 6 de octubre de 2008.

Fondos de inversión

En el auto judicial en el que se desestimaba el levantamiento del embargo y el bloqueo de las cuentas de la familia Huerta, el magistrado apuntaba que se había descubierto que una de las empresas (Arkirent S.L.) tenía cuentas en entidades extranjeras: Baring HK China Units y UBS Equity Brazil. Sin embargo, la defensa asegura que se trata de «una malinterpretación» de la información y que puede ser «una desafortunada confusión», puesto que las entidades aludidas no son tal, sino la denominación de dos productos financieros contratados «de forma transparente» a través de una de las cuentas que Arkirent S.L. tiene abierta en un banco español que, según el letrado, opera como filial de la entidad extranjera UBS AG.

Defienden ante la Audiencia su salida de prisión

EIVISSA | E. R. La sección segunda de la Audiencia Provincial celebró ayer la vista del recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio Huerta para lograr que el ex arquitecto municipal de Sant Josep pueda salir de prisión. La Fiscalía mantiene su oposición a que Huerta salga de la cárcel al entender que podría intervenir en la alteración u ocultación de pruebas de la investigación que se está realizando. Cabe tener en cuenta que el análisis de toda la documentación incautada durante los registros que se realizaron en el Ayuntamiento de Sant Josep, el despacho privado y los domicilios de los imputados durante la llamada Operación Pitiusa llevará muchos meses de trabajo.

De hecho, este es uno de los argumentos principales del juez instructor para rechazar la petición de la defensa. «El factor determinante del ingreso en prisión provisional es la capacidad de influencia de Huerta Briz como conocedor y organizador de toda la trama sobre otros posibles partícipes en la misma o afectados por ella cuya completa identidad está por determinar», sostiene el magistrado, que agrega que el ex arquitecto municipal podría «tratar de influir en eventuales nuevos testigos o imputados a los efectos de concordar versiones y explicaciones o eliminar vestigios documentales o de otro tipo.

Por su parte, la defensa alega que la prisión preventiva es «una medida excepcional» y que Huerta ni se fugará ni tratará de eludir la acción de la Justicia. También pone como argumento el arraigo de Huerta en la isla, donde vive su familia y desarrolla su actividad profesional.