(Menorca, 29/11/2008)

La Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales de Menorca ha aprobado por unanimidad un manifiesto a favor de la incorporación del municipio

Redacción, Ciutadella. La Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales de Menorca, organismo presidido por el Consell e integrado por todos los ayuntamientos de la Isla, aprobó ayer por unanimidad un manifiesto en relación al Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico con motivo de la incorporación de Ciutadella.

Con la entrada del Ayuntamiento de Ponent, según se recoge en el citado manifiesto, “se conseguirá una actuación más coherente, en el sentido de que se hará desde una perspectiva insular que dotará de más efectividad a la prevención de la infracción y al cumplimento de la disciplina urbanística en el suelo rústico isleño”. De igual forma, en el comunicado de prensa facilitado por el Consell se hace referencia a que los ocho ayuntamientos y el Ejecutivo insular coinciden en que la incorporación supondrá “un mayor respaldo a las decisiones que se puedan tomar”.

Por dichos motivos, la Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales de Menorca ha expresado su satisfacción “porque la totalidad de los municipios de la Isla formen parte del Consorcio”, así como por “el apoyo al trabajo realizado hasta el momento” y “el compromiso a mantener la toma de decisiones sobre la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico desde el consenso y la corresponsabilidad entre todos sus miembros”.

Endeudamiento

Durante la celebración de la comisión, también se acordó ayer apoyar la propuesta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ante lo que se entiende como un “trato discriminatorio que reciben las entidades locales respecto a las comunidades autónomas”, ya que según se recoge en el comunicado dicha ley reconoce la posibilidad de que las autonomías se endeuden hasta un 0,75 por ciento de su PIB para financiar inversiones productivas, mientras que establece un porcentaje de endeudamiento para las entidades locales del 0,05 por ciento. Tanto los ayuntamientos como el Consell consideran que es necesario modificar dicha normativa.