(El Mundo, 31/10/2008)

EFE. PALMA.- La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de ocho a siete años la petición de pena para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot, así como para el hermano del ex primer edil Juan Carlos Hidalgo, que se enfrenta ahora a cinco años y medio de cárcel.

Así se desprende del escrito de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal correspondiente al segundo juicio del caso Andratx, en el que se analiza la construcción de un restaurante por parte de Juan Carlos Hidalgo en una zona protegida.

Si bien rebaja las penas, la Fiscalía no modifica los delitos de los imputados: falsedad en documento oficial y prevaricación urbanística para los tres, más otro delito contra la ordenación del territorio para Juan Carlos Hidalgo.

El Ministerio Público disminuye la petición de pena de seis a cinco años para Jaume Massot y Eugenio Hidalgo por el delito de falsedad, y mantiene para ambos la de dos años por prevaricación urbanística.

En el caso de Juan Carlos Hidalgo, mantiene las penas de tres años y seis meses por los delitos de falsedad y prevaricación, respectivamente, y rebaja de tres a dos años la petición de cárcel por el delito contra la ordenación del territorio que se le imputa.

El juicio, del que se celebra su tercera jornada, quedará esta tarde visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Palma, después de la exposición oral de las conclusiones por parte de la defensa y del Ministerio Fiscal.

Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach aseguran en sus conclusiones que, dado el nivel de protección vigente y la superficie del suelo, era "imposible" autorizar la construcción del restaurante de Juan Carlos Hidalgo.

Dicho restaurante se erigió mediante la ampliación de una vivienda adquirida en 1999 por Juan Carlos Hidalgo en un terreno situado en el puerto de la localidad, y catalogado por diversas normas urbanísticas municipales como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

Contó con la licencia de obras y de apertura autorizada por Jaume Massot, ex director general durante el Govern de Jaume Matas que en el momento de los hechos era jefe del área de Urbanismo de Andratx.

Massot autorizó las obras de ampliación y el uso de la casa como restaurante en base a unos documentos de 2001 firmados por él, en los que consideraba por primera vez los terrenos como urbanos.

Anteriormente, en otros documentos de 1998 y 1999 solicitados por Juan Carlos Hidalgo con vista a adquirir la vivienda por 14 millones de pesetas (cuando estaba valorada en entre 23 y 33 millones, según dos tasaciones), Massot aseguraba que el suelo era ANEI.

Massot atribuyó estos cambios en su declaración a un "error" por su gran carga de trabajo en el Ayuntamiento, y aseveró que él siempre había tenido el "íntimo conocimiento" de que los terrenos eran urbanos, puesto que contaban con todos los servicios de alumbrado, alcantarillado, agua y electricidad.

El perito

Éste ha sido el aspecto debatido por el perito judicial y los dos presentados por la defensa. Los segundos han asegurado que la casa tenía estos servicios antes de 1981, año de aprobación de un real decreto que avalaría su conversión a urbano de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales.

En cambio, el perito judicial ha negado que fuera así y ha afirmado que algunos de ellos, como el agua, tan solo datan del año 2000, cuando la vivienda ya era propiedad de Hidalgo.

La defensa de Eugenio Hidalgo ha alegado en el juicio que el ex alcalde no tenía relación con su hermano durante el periodo en que ocurrieron los hechos porque estaban peleados, un aspecto que fue ratificado por los dos hermanos en sus declaraciones de ayer y por tres testigos de la defensa.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene en sus conclusiones que no era así, ya que ambos compartieron relaciones económicas hasta 2002 como socios de una sociedad.

Juan Carlos Hidalgo apeló a su incultura para explicar que no conocía la calificación de ANEI de los terrenos, y explicó que todas las gestiones urbanísticas las llevaba el fallecido arquitecto Francisco Muñoz, para quien dijo que firmaba documentos en blanco.

La pieza que quedará vista para sentencia corresponde a la número 32 de las 68 contenidas en el "caso Andratx", tras la celebración en mayo del primer juicio con la condena a Eugenio Hidalgo a cuatro años de cárcel y a Jaume Massot a seis meses de prisión.

Carrau ve 'evidente' la culpabilidad de Hidalgo

EUROPA PRESS. PALMA.- El fiscal anticorrupción Juan Carrau considera "evidente" la culpabilidad de Carlos Hidalgo, acusado por la pieza del caso Andratx referida a la construcción presuntamente ilegal de un restaurante en zona protegida de Andratx, al recriminar que días antes de la compra de esta finca pudo haber "pactado" que se le iba a permitir la edificación del local y que se le iban a expedir certificados que indicaban que el suelo era urbano, pese a que es "evidente" que sabía que se trataba de un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Carrau ha hecho estas declaraciones durante la exposición de conclusiones por las distintas partes personadas en el segundo juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por el caso Andratx, relativo a la pieza 32 y que prevé esta tarde quedar visto para sentencia. En su discurso, ha aseverado que tres días antes de comprar la finca en la que había una vivienda que Hidalgo ampliaría para convertirla en restaurante, el ex jefe del Urbanismo de Andratx y también acusado, Jaume Massot, certificó que el suelo era Rústico Protegido con categoría ANEI.

En cuanto a la actuación de Massot, que según defiende la Fiscalía emitió tres informes entre 2001 y 2002 donde defendía que el suelo era urbano (enero de 2001); se indicaba que el uso de bar estaba permitido por la normativa urbanística aplicable a ese terreno (febrero de 2001), y constaba de la calificación de Zona General Turístico Residencial (enero de 2002), después de que entre 1998 y 1999 certificase que era ANEI, recriminó que el ex responsable urbanístico obrase "por conciencia", reconociendo el propio acusado que se había equivocado.

"La emisión de documentación oficial no se hace por conciencia sino por la legalidad", ha espetado Carrau, quien ha aseverado que si la pretensión de Massot era convertir el suelo en urbano, debía haberlo elevado a pleno, acreditarlo y solicitarlo al Consell de Mallorca, institución que, según el fiscal, reclamó hasta en tres ocasiones información al respecto y "en ninguna de ellas se le trasladó el interés del ayuntamiento por que el terreno fuese urbano". "Los hechos son claros y diáfanos, tenía un interés directo por elaborar documentos que faltaban a la verdad", ha proseguido. En respuesta a la afirmación realizada ayer por Massot de que el terreno era urbano "como una catedral", ha preguntado "¿qué hacían los guardias forestales vigilando las catedrales?", al tiempo que consideró que una prueba "suficiente" de la culpabilidad de Hidalgo, por un delito contra la ordenación del territorio, fueron los vertidos de grava para crear la explanada de un parking cuando la licencia de obra mayor no contemplaba esta posibilidad. Finalmente, apuntó que los terrenos afectados siguen sin ser urbanos, incluso con la aprobación de las Normas Subsidiarias.

Por su parte, desde la acusación particular, Isabel Fluixà ha lamentado que durante el juicio, que arrancó el pasado martes, "se hayan pasado la bola el uno al otro bajo la consigna del yo no sé nada y aportando kilos y kilos de datos". Así, apuntó que no se ha procedido a la modificación de las penas porque "las condenas que deben imponerse son las máximas", al aseverar que no existe ningún documento "ni nada" que indique que el terreno es urbano. Tras hacer un repaso de los argumentos de los acusados, concluyó que intentaron "adaptar su realidad fáctica a su entera conveniencia".