La jueza del caso Cretu recuerda al alcalde que en una semana debe haberse derribado la vivienda |
(Diario de Ibiza, 24/10/2008)
El juzgado rechaza una petición de prórroga del Ayuntamiento y advierte de que si el día 1 de noviembre no se ha demolido empezarán a imponerse multas sobre «el patrimonio particular» del alcalde
Eivissa | Joan Lluís Ferrer. La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Irene Truyols Cantallops -que sustituye a Carmen Frígola tras ser nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Balears-, ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de Sant Antoni en el que le recuerda que el próximo 1 de noviembre «debe haberse concluido la demolición» de la vivienda ilegal del músico Michael Cretu en Santa Agnès y advierte nuevamente al alcalde de que, transcurrido ese plazo, se expondrá a asumir multas sobre su patrimonio particular.
El Ayuntamiento solicitó a la juez una prórroga para ejecutar el derribo, pero la magistrada señala que «no ha lugar a ampliar el plazo» concedido en su momento. «La demolición y la restauración paisajística no ha de demorarse más tiempo», proclama de forma categórica la juez.
El mismo escrito recuerda al Ayuntamiento que, si después del día 1 no se ha completado el derribo, «el juzgado valorará lo actuado y acordará lo conveniente en orden a conseguir la efectividad de la sentencia, pudiendo estar en el caso de proceder a la compulsión coercitiva sobre la persona del señor alcalde de Sant Antoni o las personas responsables de las demoras, parándoles el perjuicio correspondiente, cual podría ser la imposición de multas coercitivas sobre el patrimonio paticular, previa audiencia de los afectados».
El Ayuntamiento también había pedido a la juez que le aclarara qué debía hacer con los residuos generados por la demolición, pero la magistrada contesta que deberá ser el Consistorio el que resuelva este asunto. En cuanto a la posible petición de autorización judicial para la entrada en el domicilio -otra cuestión planteada por el Ayuntamiento-, la juez afirma que «si ello fuera necesario para la ejecución de la demolición, será solicitada en su momento si es necesaria».
«No obsta para el derribo»
También preguntaba el Consistorio sobre el futuro de la piscina y la pista de tenis, que disponen de licencia municipal y el promotor quiere conservar. El juzgado de Palma decide recabar la opinión de todas las partes en litigio para luego tomar una decisión. Sin embargo, esa resolución «no obsta para que el día 1 de noviembre deba haberse concluido la demolición de lo ya acordado anteriormente», insiste la juez.
La solicitud de prórroga del Ayuntamiento se basaba en «la enorme complejidad técnica» y en la «envergadura considerable» del proyecto. «En definitiva, un nuevo repertorio de payasadas para dilatar la ejecución de la sentencia», según afirmaron ayer los ecologistas del GEN, que dieron a conocer la respuesta del juzgado.
Precisamente, el próximo día 21 de noviembre se cumplirán siete años desde que los ecologistas del GEN ganaron la primera sentencia contra la vivienda de Cretu y que no sería sino la primera de una larga cadena de resoluciones judiciales favorables al derribo. A lo largo de todo este tiempo, el Ayuntamiento y el promotor han tratado por todos los medios, especialmente a través de una batería de recursos judiciales, eludir el cumplimiento de aquella resolución.
El GEN dice que Sala «ha perdido el tiempo»Los ecologistas del GEN afirmaron ayer que «12 años pidiendo que se cumpla la ley son suficientes» y anuncian que el mismo día 2, en caso de no haberse ejecutado el derribo, denunciarán penalmente a Sala y a Cretu por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y de obstrucción a la justicia.
Los ecologistas opinan que los 18 meses dados por el juzgado eran más que suficientes para derribar la obra, pero el Ayuntamiento «ha usado el tiempo en intentar esquivar su deber y en usar todo tipo de excusas para dilatar este plazo». | redacción
Aprobado el concurso público para la demoliciónSant Antoni | J. LL. F.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, confirmó ayer a este periódico que en una Junta de Gobierno municipal celebrada el pasado día 15 se aprobó el concurso para la adjudicación de las obras de derribo de la mansión de Cretu, por un importe de 900.000 euros. La tramitación es por vía de urgencia y la adjudicación del contrato de derribo se producirá en el plazo de ocho días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (Boib), prevista para hoy o mañana.Sala, al ser preguntado sobre si puede garantizar que la demolición habrá terminado el día 1 de noviembre, afirmó: «Lo que puedo garantizar es que no estará para el día 1». Sin embargo, aseguró que «se están siguiendo todos los pasos necesarios para llevar a cabo el derribo y se está comunicando todo lo que se hace a la juez».
Sala añadió: «Esperamos que todos los trámites estén cumplimentados, si no para el día 1, sí para el 10 o el 12». La causa del retraso que ahora se sufre fue explicada así por el alcalde: «Hemos tenido dificultades que no nos han permitido ir más rápido. Primero hubo problemas de técnicos, luego dificultades económicas, pero siempre hemos continuado adelante. La licitación, por ejemplo, la aprobamos el día 15 sin esperar esta contestación de la juez».
El alcalde de Sant Antoni afirmó que «a pesar de lo que diga la magistrada en su escrito, aquí hay otras dificultades, pues allí vive una familia. Alguien tendrá que decirnos que podemos entrar». Al recordarle que la juez prevé que, si es necesario, se pida autorización judicial de entrada en domicilio, Sala replicó: «Pero no es sólo el tema de la autorización judicial. ¿Qué pasa, que irá la Guardia Civil allí y dejará a una familia en la calle o qué?».
En todo caso, reiteró que «se hará lo que diga la juez» y mostró su disposición a acatar las resoluciones de los tribunales.