(Diario de Ibiza, 22/10/2008)

Su abogado, Jaume Roig, recuerda que estas construcciones tienen su correspondiente licencia y que no pueden quedar vinculadas a un procedimiento en el cual no fueron tenidas en cuenta

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La defensa del músico Michael Cretu advierte de que no se pueden derribar la piscina, la pista de tenis ni las construcciones anexas a la vivienda de Santa Agnès que se construyeron con licencias que no fueron anuladas por sentencia judicial. «Hay que salvaguardar los derechos que no estén afectados por resoluciones judiciales. Sólo se podría demoler, en el caso de que se hiciera, aquello que fue autorizado con la licencia que fue declarada nula», asegura Jaume Roig, abogado del músico rumano, que agrega: «Hay otras construcciones, como la piscina y la pista de tenis, que tienen su correspondiente licencia pacífica y que evidentemente no pueden quedar vinculadas a un procedimiento en el cual no ha habido ninguna consideración al respecto».En este sentido, el letrado apunta que, en su momento, el Consistorio concedió licencias para levantar estos elementos de la casa «y no hubo ningún recurso ni indicación contraria», por lo que entiende que, a efectos legales, son válidas puesto que el tribunal no se ha pronunciado sobre las mismas.

Asimismo, la defensa de Cretu destaca que, a pesar de que la licencia que avalaba la construcción de la vivienda ha sido declarada ilegal por los tribunales, nadie, a día de hoy, ha impugnado «la autorización que concedió en su día el Consell». «En el mundo del derecho, hoy por hoy, hay una autorización otorgada por el Consell que sigue estando en vigor porque nadie la ha impugnado ni nunca ha sido revocada», justifica el abogado, que remarca que sólo se anuló la licencia que concedió el Ayuntamiento con posterioridad. Al ser preguntado por las consecuencias y la posibilidad de reclamar el pago de una indemnización al Consell, Roig aseguró que ya se verá más adelante, aunque destacó que la Administración deberá pagar.

El Ayuntamiento pagará la factura

EIVISSA | E. R. A diferencia del criterio que utiliza el Ayuntamiento de Sant Antoni, el abogado de Cretu considera que su defendido no tiene ninguna obligación de derribar su vivienda, que, recuerda, construyó al amparo de una autorización, primero, del Consell y, luego, del Consistorio. «Sólo faltaría que el perjudicado, que es el propietario, tuviera que demoler su propia construcción. Se han dicho muchas barbaridades sobre este asunto», señala Roig, que asegura que le da igual que el Ayuntamiento le pase luego la factura del coste de la demolición (900.000 euros).

«Si tienen que pagar 10 [en alusión a las posibles indemnizaciones] y piden uno, pues luego tendrán que pagar 11» [Nota de Disúrbia: això no és així, ja que són conceptes diferents que no s'han de confondre, i l'abonament del cost de la demolició sempre correspondrà al propietari, no a l'ajuntament], describe Roig, que insiste en que «no tiene sentido» que el Consistorio le pase la factura de la demolición a su defendido puesto que luego revertirá de nuevo en la institución, al tiempo que lo califica de ser «una bajeza». «Se está dejando la administración en un nivel prácticamente inexistente. ¿Por qué tengo que creerme lo que me dicen ahora, cuando lo que me dijeron antes no me sirvió de nada? Cuando una persona necesita una licencia no acude a los juzgados o al Obispado, sino al Ayuntamiento, que luego dice que no sirve, y encima que usted es el culpable. Es totalmente inaceptable», dice el letrado de Cretu. El 1 de noviembre expira el plazo dado por el Juzgado para que se haya completado el derribo.

La demolición

Jaume Roig advierte de que el proyecto de demolición debe estar consensuado y ser respetuoso con lo que en su día fue objeto de licencia. «No se trata de llegar allí con 40 kilos de dinamita y echar abajo la casa», señala el abogado.