(Diario de Ibiza, 16/10/2008)

Levanta parcialmente el secreto de las actuaciones a la espera de que se practiquen diligencias que podrían derivar en nuevas imputaciones. Todos los papeles incautados se revisarán en Palma

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha decretado el embargo de bienes inmuebles de la familia del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta y de sus sociedades para cubrir 15,7 millones de euros (2.600 millones de pesetas, aproximadamente). El bloqueo del patrimonio afecta a las personas Antonio Huerta Briz, María del Rosario Chamorro, Antonio Huerta Chamorro y Pilar Fernández y las entidades Arkibiza S.L., Arkimer S.L., Arkirent S.L., Ses Serres S.L. y Antonio Huerta Arquitectos S.L.

El juez justifica en un auto que los bienes y el dinero intervenidos durante las entradas y registros realizados la semana pasada en la llamada Operación Pitiusa no llegan a cubrir la responsabilidad pecuniaria a que se refiere la resolución judicial que las acordó, por lo que procede efectuar el embargo aludido. Además, advierte que los imputados no pueden poner a la venta los bienes embargados o precintados puesto que podrían incurrir en los delitos de alzamiento de bienes y quebrantamiento de la medida cautelar.

El grupo anticorrupción de la policía judicial de la Guardia Civil, con sede en Palma, llevó a cabo hace una semana registros en las sedes de alguna de las sociedades y domicilios de la familia Huerta. Se procedió a la detención de Huerta Briz, su esposa, María Rosario Chamorro, su hijo, Antonio Huerta, y su nuera, Pilar Fernández. Rosario Chamorro fue puesta en libertad con cargos (se le imputa un supuesto delito de blanqueo de dinero), mientras que los otros tres ingresaron el jueves por la noche en prisión preventiva, aunque Huerta Chamorro y Fernández pudieron salir en libertad al día siguiente tras el pago de una fianza de 80.000 euros cada uno.

El magistrado decretó en junio del año pasado el secreto de las actuaciones para investigar una serie de cuestiones relacionadas con la actividad profesional del ex arquitecto municipal y su entorno sin que éstos las conocieran. En concreto, se trataba de identificar expedientes en los que los imputados habían intervenido, su patrimonio y las conexiones entre sociedades.

Cumplida esta parte de la investigación, el juez decide alzar el secreto de las actuaciones, aunque lo mantiene en parte, a la espera de la ejecución de nuevas diligencias de investigación, fundamentalmente el análisis de la documentación recibida, de la que pueden derivarse «imputaciones de terceras personas». El juez entiende que estas posibles imputaciones pueden ir precedidas de la práctica de algunas actuaciones que deben mantenerse en secreto para tratar de garantizar su eficacia. Por su parte, el auto señala que la documentación incautada será revisada en Palma. Previamente, un secretario judicial realizará un inventario de todo.