(Menorca, 15/10/2008)

El portavoz de UPCM apunta a irregularidades en el trámite de los proyectos de viviendas en la antigua Plaza de Toros, Dalt sa Quintana o Degollador.

Redacción, Ciutadella. El portavoz de UPCM, Joan Triay, afirma que los resultados de la Comisión Nerer han puesto en evidencia “una serie de negligencias mayúsculas atribuibles al área de Urbanismo durante el anterior mandato”.

Se refiere a la pérdida de casi un millón de euros “pertenecientes a todos los contribuyentes en la permuta del edificio Saura Morell. Otro millón largo de euros (1.085.007.60) en la cesión y dación de una parcela municipal de la UA-37 cedida y transmitida por el Ayuntamiento de Ciutadella a GEL-FUX por 714.992,40 euros en febrero de 2006 y que GEL-FUX vendió por 1.800.000 euros, más IVA, apenas ocho meses después e en octubre de 2006”.

Alude a “un perjuicio aún mayor en la transmisión del solar con uso de gasolinera de la UA-32, de los que casualmente siempre se beneficiaban los mismos a través de una serie de sociedades y relaciones interpuestas”.

Además, Triay se refiere a otras irregularidades. “A la Fiscalía Anticorrupción corresponde ahora determinar si hubo cosas peores que una negligencia inexcusable”, dice.

Según apunta, también se detectó que desde el área de Urbanismo no se habían hecho las liquidaciones de los impuestos y tasas correspondientes a varios proyectos de telecomunicaciones, entre ellos los de Nerer y Lortax, por importe de 883,55 euros y 1.542,92 euros, respectivamente. Por otro lado, señala que “se reactivó un expediente de disciplina urbanística por excavación sin licencia que estaba parado, hasta desembocar en una propuesta de sendas sanciones de 4.869,33 euros para la promotora y constructora”.

Otras actuaciones

No obstante, el portavoz de UPCM comenta que “aún ha habido otros importantes resultados de las investigaciones de la Comisión, no re flejados en las conclusiones, pero que demuestran a las claras cómo se actuaba constantemente desde Urbanismo en contra del interés general”.

Indica que en la modificación del PGOU para permitir la edificación de un bloque de pisos por donde estaba previsto que se abriera un vial prolongando la calle Obispo Severo con Degollador, se detectaron una serie de irregularidades. “Se permitió, contrariamente a lo previsto en la Ley del Suelo por entonces vigente, un aumento de la densidad de población sin el correlativo incremento de espacios libres, que sólo se incrementaron en 45 metros cuadrados, correspondientes a 9 habitantes, a razón de 5 metros cuadrados por habitante, en vez de en los 405 metros cuadrados de zona verde que según la Ley y el PGOU correspondían a 81 habitantes (5 metros cuadrados por habitante)”. “En una palabra –apunta el edil–, se permitió incrementar la densidad de población en 81 habitantes, con el aumento de zonas verdes correspondiente a solamente 9 habitantes”.

“En resumidas cuentas, se concedió una licencia que en contra de lo establecido en el PGOU permitía aumentar la profundidad edificable en toda la superficie equivalente a 5 metros más de lo que tocaba. Existen otras irregularidades, entre ellas que la alineación que da a la plaza no se adapta a la modificación aprobada, porque no coincide con la de los edificios preexistentes”.

UA-37

En cuanto a la reparcelación de la UA-37, en el año 2002 se había firmado un convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos en virtud del cual se rebajaba el techo máximo edificable de 20.000 metros cuadrados a 15.000, es decir se reducía la altura en un piso y el techo edificable en un 25 por cien.

“Durante al pasado mandato se firmó un nuevo convenio mediante el que se aumentaba de nuevo el techo edificable y se permitía construir un piso más. Finalmente se adjudicaron al Ayuntamiento en virtud de ese convenio 160 metros cuadrados menos de los que le correspondían según la Ley del Suelo. Es decir, que el antiguo responsable de Urbanismo firmó un convenio mediante el que el Ayuntamiento obtenía 160 metros cuadrados menos del 10 por ciento de aprovechamiento medio que le pertenecían legalmente”, esgrime. Asimismo, cita que en la modificación de PGOU de Son Oleo “se establecía un incremento máximo de 34 viviendas y sin embargo en la licencia concedida a Lortax se permiten 35. Por otra parte se detectó que no se había hecho la escritura de segregación y cesión de las zonas verdes a favor del Ayuntamiento”.