(Diario de Ibiza, 14/10/2008)

El Ayuntamiento se resiste a demoler la planta de más que tiene el edificio de Cala Carbó porque la obra «ya está ejecutada». El propio Pacto denunció esta ilegalidad estando en la oposición municipal

Eivissa | J. LL. FERRER. El Ayuntamiento de Sant Josep teme si derriba obras ilegales de proyectos correspondientes a la trama de Antonio Huerta podría incurrir en indemnizaciones millonarias que podrían complicar el equilibrio financiero del Consistorio.

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, admitió esta situación al ser preguntado por el edificio de Cala Carbó de cuyo proyecto es presuntamente autor el propio ex arquitecto municipal, aunque formalmente lo firmó su nuera, Pilar Fernández. Este edificio tiene una planta de más de lo que permite la normativa urbanística en esta zona, y, de hecho, así lo denunció en su día el propio Josep Antoni Prats desde la oposición municipal.

Sin embargo, Prats afirmó ayer que si el Ayuntamiento actuara contra esta obra ilegal derribando la planta que le sobra, «estaría actuando contra sus propios actos», máxime cuando ya existe el certificado de final de obra, según aseguró. «Es complicado», añadió.

La anulación de licencias por parte del mismo ayuntamiento que las dio al constatar que son ilegales es algo habitual por parte de todos los consistorios de la isla, «pero no es lo mismo anular una licencia que aún no se ha ejecutado, dado que no entraríamos en responsabilidades [patrimoniales], que anular una que sí se ha ejecutado. Es más difícil. Aquí hay terceros de buena voluntad, es decir, cualquier juez diría que personas que han comprado aquello no tienen por qué saber que está mal si el Ayuntamiento le ha concedido licencia».

Según informó Prats, este edificio -en el que, además, concurren otras irregularidades urbanísticas, como un aumento ilegal del volumen edificado- obtuvo el certificado de fin de obra «antes de que PSOE-ExC entrara al Ayuntamiento», pero aseguró que todavía carece de la cédula de habitabilidad, es decir, el documento que expide el Consell Insular mediante el cual se obtiene luego la conexión al suministro de luz y agua potable. «De momento, no tiene cédula de habitabilidad ni tienen posibilidad de tenerla», añadió.

El Consell no concedió este trámite al conjunto de la promoción precisamente por estas irregularidades en su construcción.

Por otra parte, los terrenos en los que se levanta este edificio y otros de alrededor fueron objeto en el anterior mandato del PP de una fragmentación en forma de estudios de detalle, siguiendo el esquema que investiga la Fiscalía de Eivissa en todo el municipio al poder constituir un posible delito. Mediante la sucesiva fragmentación de un suelo urbano en estudios de detalle, el anterior equipo de gobierno ahorró a las promotoras tener que cederle espacios públicos.

El concejal de Urbanismo afirma que este caso, sin embargo, «no está en el listado que el Colegio de Arquitectos envió a la Fiscalía de Eivissa» y no se atrevió a asegurar si pueden ser ilegales. «Es discutible. Las normas subsidiarias dicen que determinadas zonas del municipio se desarrollarán mediante un estudio de detalle, lo que pasa es que nosotros siempre hemos considerado que no era conveniente y que la normativa de la Ley del Suelo no permitía hacer esto, por lo que se debería haber cambiado. Decir que es ilegal cuando lo ponen las normas subsidiarias ya es hilar más fino de lo que mi capacidad legislativa puede decidir», concluye.