(Menorca, 8/10/2008)

El conseller de Ordenación del Territorio, Joan Marquès, estrena la presidencia de la entidad de disciplina urbanística y subraya el avance para restaurar la legalidad de forma voluntaria

Toni Seguí, Maó. La junta de gobierno del Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico aprobó ayer la restitución al estado original de 11 actuaciones ilegales realizadas en este ámbito, mientras que se ha procedido al archivo de dos expedientes por infracción urbanística. Además, la junta de gobierno, que estrenó la presidencia del conseller Joan Marquès, constató ayer la demolición voluntaria de cuatro nuevos casos, que suman un total de 16 demoliciones realizadas por los propios infractores.

El conseller de Ordenación del Territorio y presidente del consorcio de disciplina urbanística en suelo rústico, Joan Marquès, recordó que la junta de gobierno ha abierto un total de 191 expedientes de disciplina urbanística desde la creación del ente disciplinari o, de los cuales 80 cuentan con la resolución de la junta de gobierno y corresponden a obras no legalizables. Las 11 resoluciones acordadas ayer por la junta en las que se acuerda la demolición de las obras, que será comunicada a los infractores, afectan a cinco reformas y ampliaciones, dos construcciones de reducidas dimensiones, dos aperturas de caminos y movimientos de tierra y dos edificaciones de nueva planta. Marquès optó por no facilitar el municipio en donde se localizan las obras ejecutadas sin la pertinente licencia municipal, siguiendo la línea informativa del consorcio desde su creación.

El consorcio archivó ayer dos expedientes, alcanzándose la cifra de 25, puesto que todos ellos se corresponden con episodios urbanísticos que posteriormente han sido legalizados. No obstante, los infractores han tenido que abonar en concepto de sanción el cinco por ciento del coste de las obras ejecutadas sin la correspondiente licencia. Por otra parte, los 80 expedientes de disciplina que cuentan con una resolución de la junta de gobierno, sobre el total de 191, pertenecen a obras no legalizables y la sanción económica en concepto de denegación de la regularización de la obra oscila entre el 50 y el 100 por cien del coste de la ejecución.

Joan Marquès destacó el hecho de haberse contabilizado 16 demoliciones voluntarias, de las que cuatro se dieron cuenta ayer en el transcurso de la junta de gobierno. El caso más notable es la demolición de una edificación de 134 metros cuadrados, de los que 90 correspondían a la parte finalizada y 44 a la parte inconclusa. Las tres restantes demoliciones se refieren a un almacén de 50 metros cuadrados, una caseta de madera y una ampliación de 17 metros cuadrados de un edificio preexistente. En este sentido, Marquès valoró especialmente la acción voluntaria de derribo, por la que la junta de gobierno podría aplicar la sanción mínima prevista en estos casos, que asciende al 50 por ciento del coste total de las obras.

Binifadet

Por otra parte, Marquès informó que la junta de gobierno ha rechazado el recurso de reposición presentado contra el expediente de demolición de una vivienda unifamiliar en Binifadet, situada en la carretera de Sant Lluís a Es Castell. El Ayuntamiento de Sant Lluís anuló el pasado mes de julio por orden judicial la licencia de obras que había concedido al promotor de la vivienda anexa en junio de 2004.

Gerente

Por otra parte, Marquès anunció ayer el nombramiento de Joan Escudero como nuevo gerente del consorcio de disciplina urbanística en rústico. Nacido en Maó en 1978, Escudero ha cursado la carrera de Ingeniería Técnica Agrónoma, en la especialidad de explotaciones agropecuarias, en la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. En 2005 obtuvo la plaza de interino de técnico medio en el Departamento de Ordenación del Territorio del Consell insular y, dos años después, la plaza de empleado en la Caixa.

Satisfacción de Marquès por la adhesión de Ciutadella

Joan Marquès calificó de buena noticia el hecho de que el Ayuntamiento de Ciutadella haya decidido incorporarse como miembro en el Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico, decisión que previsiblemente será tomada en el transcurso del pleno municipal que se celebra mañana. Marquès apuntó que no tiene sentido que Ciutadella sea el único municipio de la Isla que no forme parte del consorcio y que esté fuera de la actuación colegiada de los diferentes ayuntamientos en relación a la disciplina urbanística en suelo rústico.

Ciutadella cuenta con 615 parcelas con edificaciones repartidas en 15 núcleos rurales, de las que 315 tienen una extensión menor de 90 metros cuadrados y 369 menos de 150 metros cuadrados. Las restantes 246 parcelas sobrepasan los 150 metros cuadrados. El PTI delimita los núcleos rurales, reconoce el uso residencial y establece las pautas para legalizar las construcciones existentes mediante planes especiales, que excluyen las edificaciones de más de 90 metros cuadrados. Desde 2003, Ciutadella no ha iniciado ningún trámite para legalizar los citados núcleos y, por contra, se han ejecutado más de 100 actuaciones ilegales (7.000 metros cuadrados), de las cuales 12 han consistido en la construcción de viviendas de nueva planta (2.150 metros cuadrados), según el Consell