(Diario de Mallorca, 26/08/2008)

 El secretario interpretó ante el pleno que el auto judicial condena al consistorio y no a Torres

MARGA SOLER. STA. MARGALIDA. El Ayuntamiento abonará la multa de mil euros que la magistrada Carmen Frigola ha impuesto personalmente al alcalde, Martí Àngel Torres (PP), por no ejecutar una sentencia de derribo del año 2005 de los cerramientos ilegales de una terraza en el número 22 de la calle Chopin de Can Picafort.

En el pleno celebrado ayer, el alcalde delegado en Can Picafort, Bernat Amengual (CPU), preguntó al secretario municipal, Joan Seguí, a quién le correspondía el pago de esta sanción, y el funcionario contestó que entendía "que el auto multa al Ayuntamiento y no directamente al alcalde". Una vez abonado el pago y tras esta interpretación municipal, el consistorio solicitará a la jueza que aclare quién debe asumir la multa, si el Consistorio o el munícipe.

Al haber desoído la sentencia inicial, el 8 de enero de 2007 la jueza dictó un auto ordenando al alcalde su ejecución forzosa antes de seis meses, y donde advertía muy claramente que su incumplimiento podría acarrear sanciones "sobre la persona del señor alcalde" y con cargo a "su patrimonio particular". Sin embargo el Consistorio siguió sin cumplir la sentencia, por lo que el 24 de julio pasado la magistrada dictó otro auto donde ya multa directamente a Torres con 1.000 euros cada mes hasta noviembre, y posteriormente con 600 euros semanales mientras no ejecute la sentencia. Según el último auto, si Torres no abona el pago en diez días se procederá al "embargo de bienes y rentas de su propiedad". Pese a todo esto, el secretario consideró ayer ante el pleno que la sanción se imponía al consistorio.

El alcalde explicó que el primer auto data de enero de 2007, y que él accedió al cargo el 16 de junio de ese año. "El plazo de seis meses para ejecutar el auto finalizó en septiembre de 2007. Yo sólo llevaba dos meses como alcalde. Me enteré de este tema cuando la Fiscalía nos solicitó el envío de documentación", apuntó Torres.Por otro lado, el portavoz de los Independents, Antoni Reus, dejó claro que en dicho auto "la jueza puntualizó que el alcalde es el que tiene que pagar la multa pecuniaria". Reus añadió: "La primera sentencia no iba dirigida a Torres porque aún no era alcalde. Él es el menos responsable por ser el último alcalde, pero tendría que haber ejecutado la sentencia".

Apoyo del PSOE

Ante la interpretación del secretario, el portavoz del PSOE, Miquel Cifre, opinó que "el Ayuntamiento debe instar a la jueza a que deje claro quién tiene que pagar la multa, si el Ayuntamiento o el alcalde", y así se decidió hacer. El socialista se preguntó si la jueza se ha podido equivocar al multar a Torres: "A lo mejor tenía que haber sancionado al alcalde delegado de Can Picafort, ya que CPU también se encarga del área de Urbanismo y puede que este asunto sea competencia de Bernat Amengual".

El portavoz de UM, Joan Monjo, no asistió a la sesión por trabajo.