(Diario de Mallorca, 27/07/2008)

La fiscalía de Balears quiere duplicar la plantilla actual de fiscales anticorrupción ante el aumento de trabajo

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. La fiscalía superior de Balears ha recibido en los últimos meses un auténtico aluvión de denuncias por presuntos casos de corrupción y/o urbanismo ilegal, según fuentes de dicha institución. Este aumento de los casos a investigar, junto a la complejidad y elevadísima carga de trabajo de los asuntos ya abiertos ha hecho que se plantee la conveniencia de duplicar la actual plantilla de fiscales anticorrupción de Balears, dotada con tan sólo dos fiscales.

La posibilidad de denunciar ante la fiscalía la comisión de un presunto delito ha existido desde tiempo inmemorial. Sin embargo, hasta hace unos años, los ciudadanos, entidades privadas o instituciones cuando tenían conocimiento de hechos aparentemente delictivos lo comunicaban a los cuerpos policiales o directamente al juzgado de guardia.

Hará unos cinco años empezó, tímidamente, un nuevo cauce para la interposición de denuncias en Balears: acudir a la fiscalía como paso previo a los juzgados. Inicialmente los más asiduos a esta nueva manera de denunciar fueron los políticos, que, en vez de dirigirse a los jueces, optaron por dejar en manos del ministerio público la papeleta de valorar si los hechos eran o no presuntamente delictivos.

De los políticos e instituciones la vía de la fiscalía pasó a ser usada por los ciudadanos de a pie y algunas entidades cívicas, como por ejemplo el Grup Ecologista de Balears (GOB). Así empezaron a llegar más denuncias a los despachos de la fiscalía, entre las que destacó en su día, por la ulterior trascendencia, la de un grupo de ciudadanos de Mallorca, encabezados por Ignasi Ribas, Ferrán Gomila, y los hermanos Carbonero, contra los responsables de los vuelos de aviones de la CIA que pasaron por Balears.

El punto de inflexión en las denuncias dirigidas a los fiscales de las islas fue la llamada Operación Voramar, desatada el 27 de noviembre del 2006 contra una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Andratx, presidido por Eugenio Hidalgo (PP).

El caso Andratx tuvo como precedentes las denuncias de algunos concienciados vecinos de la localidad, entre ellos la edil Isabel Alemany y el policía local Juan Enseñat. A partir de entonces se unieron en la lucha contra la corrupción el nuevo ayuntamiento de Andratx, el Consell de Mallorca, y decenas de particulares que han informado a la fiscalía de numerosas irregularidades urbanísticas en todas las islas, especialmente Mallorca.

El GOB también ha seguido colaborando con la fiscalía y ha aportado importantes datos y valoraciones sobre otros casos de presunta corrupción, como el llamado del Plan Territorial de Mallorca.

El Govern de centro-izquierda se ha convertido en otra instancia denunciante por descuadres o irregularidades atribuidas a los anteriores gestores autonómicos del PP. Cort ha cursado ante fiscalía por lo menos 3 denuncias, 2 relacionadas con el ex edil conservador Rodrigo de Santos y la tercera por supuestas irregularidades de dos técnicos.

La fiscalía superior planea asignar dos fiscales más a anticorrupción, dado que Carrau y Horrach están desbordados de trabajo. Los refuerzos están supeditados a la disponibilidad de efectivos en una muy corta plantilla que ronda los 50 fiscales para toda Balears.

Los cambios ya se han extendido a otras dos fiscalías especializadas la delitos urbanísticos y antidroga. Adrián Salazar, anterior fiscal de delitos ecológicos, ha pasado a desempeñar un papel protagonista en la fiscalía antidroga.