(Diario de Mallorca, 27/07/2008)

El Ayuntamiento ya ha aprobado el presupuesto pero está pendiente de la autorización judicial

RAQUEL GALÁN. PALMA. La asociación de vecinos de ses Cases de Son Anglada exige al Ayuntamiento que ejecute de una vez la orden de demolición de las construcciones ilegales de la calle Hospitalet, número 17. La entidad vecinal denunció los hechos por primera vez hace siete años y, pese a que hace dos años Cort intentó hacer cumplir la legalidad, nunca se ha ejecutado debido a que los denunciados interpusieron varios recursos, según explicaron fuentes del Ayuntamiento.

La orden se remonta al 15 de diciembre de 2004 y ahora ya es firme, añadieron, aunque están a la espera de la autorización judicial para entrar en las viviendas. Las mismas fuentes destacaron que los denunciados tienen otra denuncia "por desobediencia".

El consistorio cuenta ya con el presupuesto de demolición, que ejecutará de forma subsidiaria, ya que los dueños de las ilegalidades se niegan a hacerlo, según dijeron desde Cort. Nuevas obras Como no se aplicaba el decreto de 2004, los denunciados continuaron realizando nuevas edificaciones, por lo que la asociación de vecinos de ses Cases de Son Anglada envió una carta este año a la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, explicándole que "lejos de paralizar las obras (...), han venido realizando otras en la parte posterior de las construcciones existentes, denunciadas y constatadas como ilegales". El presidente de la asociación, José Oliver, solicita además en la misiva que, "cuando el juzgado autorice la entrada para el derribo de las construcciones ilegales, se efectúe con la mayor celeridad, evitando así nuevas ilegalidades y un mayor agravamiento de la situación actual, sin caer en los precedentes para no efectuar el derribo", tal como se puede leer.

Hace dos años hubo un intento de derribo
 
El Ayuntamiento intentó hace dos años ejecutar el derribo de las obras ilegales de la calle Hospitalet denunciadas por la asociación de vecinos de ses Cases de Son Anglada. Según cuenta el presidente de la entidad, "Cort contrató a una empresa para la demolición, que acudió con la Policía Local y se encontró con dos discapacitados en el interior de las edificaciones que dijeron que vivían allí". Y añade que, "tras las comprobaciones del personal de Servicios Sociales, se supo que estas personas residían en Son Ferriol".