El Consell tiene una lista de 60 obras ilegales a demoler y este año quiere derribar once |
(Diario de Mallorca, 22/06/2008)
Las primeras actuaciones se realizarán en Andratx, Llucmajor, Son Servera o ValldemossaF. GUIJARRO. PALMA. El Consell de Mallorca tiene en estos momentos sobre la mesa unos 60 expedientes de obras ilegales que tiene intención de demoler, y al menos once de estos derribos han sido programados para este año, según ha destacado la responsable de su área de Territorio, Maria Lluïsa Dubon. Las primeras actuaciones que la institución insular quiere ejecutar se encuentran en municipios como Andratx, Llucmajor o Valldemossa.
Dubon no oculta que la demolición de obras ilegales sigue siendo la "asignatura pendiente" de la disciplina urbanística de Mallorca. "Tenemos como objetivo estar más cerca del ciudadano -afirma- y para eso hemos creado la oficina de información territorial. Pero cuando las cosas se han hecho mal y no se quieren subsanar, también vamos a demostrar que somos capaces de actuar con contundencia".
Obras a derribar
En la actualidad los responsables del Consell están elaborando el proyecto de demolición de once actuaciones ilegales, como una casa unifamiliar de Alaró, unos sotanos y una piscina de Andratx, un anexo a un hotel de Son Servera, una caseta de aperos de Llucmajor, la ampliación de una casa en Campanet, una caseta de Ses Salines, una pequeña vivienda con piscina de Andratx, una vivienda unifamiliar de Llucmajor, una construcción de Santa Margalida, la base de una antena de telefonía de Valldemossa y una vivienda unifamiliar de más de 200 metros cuadrados en Maria de la Salut.
A esta lista inicial de once proyectos debían sumarse cuatro más, pero en dos casos todavía hay dudas legales -como el titular de la propiedad- y en otras dos los propietarios han aceptado encargarse personalmente de demoler la construcción ilegal -uno de ellos ya ha iniciado los trabajos-. Además, está el caso de una perrera de Andratx cuyos propietarios ya han ejecutado la demolición que se les exigía.
Dubon indicó que una vez concluida la redacción del proyecto de derribo de estos 11 expedientes, se solicitará la correspondiente licencia a cada municipio, de forma que en torno al mes de octubre se puedan haber contratado a las empresas que se ocuparán de ejecutar las demoliciones.
A propuesta de la patronal de constructores, estos proyectos se van a agrupar en cuatro grupos por proximidad geográfica, lo que además facilitará que su adjudicación pueda ser directa, sin necesidad de tramitar la convocatoria de un concurso.
Un primer intento fallido por falta de ofertas
La idea de contratar constructoras para realizar los derribos de obras ilegales que sus propietarios no querían ejecutar partió del anterior responsable de Territorio, Bartomeu Vicens, aunque este proyecto resultó finalmente fallido al no presentarse ninguna empresa al concurso que se había convocado.
Ahora la fórmula se ha modificado y se han dividido las actuaciones en pequeños grupos para poder realizar la contratación de forma directa.
Además, las construcciones a demoler se han elegido por criterios como su impacto paisajístico.