(Diario de Ibiza, 15/06/2008)

El alcalde sostiene que los reiterados autos instando a demoler la casa «no dejan claro este aspecto». Argumenta que si se han de «desmontar partes para salvarlas» podría encarecer el presupuesto

Eivissa | Joan Lluís Ferrer. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, reveló ayer que el Ayuntamiento ha elevado una consulta a la juez que instruye el caso de la mansión ilegal de Michael Cretu, cuya orden de derribo ha de ser ejecutada antes del 18 de noviembre, para aclarar si dicha edificación debe «derribarse o deconstruirse». Sala aseguró que los autos de la juez -donde se cita reiteradamente que la casa debe derribarse- no dejan suficientemente claro este matiz, pues Sala entiende que podría llegar a interpretarse que la mansión ha de ser «deconstruida». Por tal concepto el alcalde entiende el desmontaje de la vivienda para aprovechar partes reutilizables de la misma.

«Hemos hecho una consulta para preguntarle si tenemos que derribar simplemente, o si tenemos que deconstruir», explicó Sala, quien recalcó que, en función de un procedimiento u otro, «hablaríamos de más del doble de precio». «Si tú vas allí y te lo cargas todo con la máquina y lo llevas al vertedero es una cosa, pero si has de desmontar todo aquello y salvar lo que se pueda salvar es otra cosa, estamos hablamos de una cosa más compleja», añadió.

«Es una duda que tenemos, porque igual incrementa nuestra responsabilidad patrimonial, en función de lo que hagamos», señaló el alcalde, quien en todo caso opinó que esta duda constituye sólo «una anécdota» dentro de todo el proceso que ha de terminar en noviembre con la desaparición física de la mansión de Santa Agnès.

Al preguntarle el origen de semejante duda, el alcalde señaló que la planteó «el autor del proyecto de demolición» en el transcurso de la redacción del mismo.

Por otra parte, la reclamación millonaria de indemnización formulada por Cretu permanece paralizada «hasta que termine el proceso», dijo José Sala.

El proyecto de derribo lleva un año redactándose

EIVISSA |J.LL.F. En junio de 2007, es decir, hace ahora un año, el propietario de la vivienda de Santa Agnès franqueaba la entrada a los técnicos municipales de Sant Antoni para que tomaran los datos necesarios para redactar el correspondiente proyecto de demolición. Sin embargo, doce meses después, dicho proyecto no ha sido aún finalizado. «Un día de estos tendremos el proyecto hecho y lo enviaremos al juzgado», comentó ayer el alcalde, quien dijo que el documento «se está ultimando».

Después de este trámite, el Ayuntamiento deberá otorgar la correspondiente licencia de obras, que la Ley de Disciplina Urbanística exige también para la demolición de construcciones. «No creo que la necesitemos. Supongo que viene implícita en el proceso, pero no será ningún problema. A efectos de seguridad y salud lo pasaremos por la Junta de Gobierno, evidentemente», dijo el alcalde en relación con este asunto.

El GEN, «dos segundos después»
Por su parte, la dirigente del GEN Neus Prats recordó ayer los inequívocos términos en que la juez del caso ha emplazado al Ayuntamiento a demoler la vivienda. «En el momento en que pasen dos segundos del día y la hora en que termine el plazo del derribo y éste no se haya efectuado, el GEN exigirá a la juez la aplicación de sanciones económicas en la persona del alcalde», señaló Prats, quien recordó que la orden de demolición data del año 2004.