(Menorca, 7/05/2008)

Para el conseller Marc Pons, la “inactividad municipal” deja fuera de la ley edificaciones que se adaptan al PTI y que han sido construidas en 315 parcelas de suelo rústico de las 615 existentes

G.Q. Ciutadella. El conseller insular de Ordenación del Territorio, Marc Pons, compareció ayer ante los medios de comunicación, en la sede del Consell en Ciutadella, acompañado de la directora insular del ramo, Emma Martí, para denunciar la “inactividad” en materia de disciplina urbanística en suelo rústico del Consistorio de ponent en los últimos cinco años e instarle a que, de inmediato, “aplique lo que establece el PTI”, es decir que proceda a la redacción “de los planes especiales para legalizar las edificaciones inferiores a 90 metros cuadrados”, con lo cual “se daría cobertura al 51 por ciento de las construcciones” que actualmente se encuentran fuera de la ley. Asimismo, y “para evitar el incremento de actuaciones ilegales y unificar los criterios, el Consell solicita al Ayuntamiento de Ciutadella que entre a formar parte del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico”.

En este sentido, el Consell ha realizado un estudio sobre los núcleos de “hortales” existentes en el término de Ciutadella, en el cual el ente insular recuerda que “el PTI delimita los núcleos rurales por vez primera, reconoce el uso residencial y establece las pautas que los distintos ayuntamientos deben seguir para legalizar las construcciones existentes. En concreto, el PTI determina que la regularización debe hacerse por medio de planes especiales y que en ningún caso se dará cobertura a edificaciones superiores a 90 metros cuadrados”.

“En el caso de Ciutadella -sigue diciendo el informe del Consell- su término municipal cuenta con 615 parcelas con edificaciones repartidas en 15 núcleos rurales, de las cuales 315 tienen menos de 90 metros cuadrados y 369 menos de 150 metros cuadrados. El resto, -246-, sobrepasan los 150 metros cuadrados”. El Consell lamenta también que “cinco años después de la aprobación del PTI, el Ayuntamiento de Ciutadella no ha iniciado ni un solo trámite que permita la legalización de los núcleos rurales. En cambio, a lo largo de este quinquenio de ‘inactividad municipal’, se han ejecutado más de 100 actuaciones ilegales en los distintos núcleos de ‘hortales’, 12 de los cuales han consistido en la construcción de viviendas de nueva planta”.

‘Dejadez’

Para el Consell, todos estos datos “evidencian la dejadez municipal en materia de disciplina urbanística y reclaman la necesidad de establecer mecanismos efectivos en el cumplimiento normativo, ya que la negativa a entrar en el Consorcio únicamente beneficia a los que fomentan la indisciplina urbanística”. Al quedar “constatado que el aumento de la superficie construida a 150 metros cuadrados no resuelve la problemática existente en los núcleos rurales” y entender que este debate “es tan sólo una excusa para no abordar las tareas regularizadoras” de las edificaciones que se adaptan al PTI, el Consell considera que “la demora en el tiempo supondrá incrementar la complejidad en la legalización de los núcleos rurales y aumentará, por tanto, el número de actuaciones ilegales realizadas”. Por todo ello, la “apuesta” del Consell pasa por la entrada de Ciutadella en el Consorcio, sin que ello signifique -según aclaró Marc Pons en la rueda de prensa- “revisión alguna de la actuación municipal, sino una colaboración con el concejal de urbanismo y con el alcalde”. “Si todo se hace según la norma, todos saldremos ganando”, concluyó.

Una solución que no es tal

La solución que propone el Ayuntamiento de Ciutadella de ampliar la superficie edificable a 150 metros cuadrados no es de recibo para el Consell, ya que, de esta forma, sólo serían legalizables 369 construcciones, es decir un 60 por ciento del total, mientras que si el Consistorio hubiera procedido a la redacción de los planes parciales que se adaptan a los 90 metros cuadrados, se habrían podido legalizar ya 315 construcciones, que representarían un 51 por ciento del total. Por lo tanto, la ampliación solicitada por el Ayuntamiento “sólo permitiría legalizar 54 construcciones más, mientras que otras 246 seguirían siendo ilegales”. Además, el estudio realizado por el Consell constata que, de estas 54 edificaciones superiores a los 150 metros cuadrados, un 55 por ciento se han edificado en los cinco últimos años, por lo que estamos ante “ilegalidades que el Consistorio hubiera podido evitar”.