(El Mundo, 4/05/2008)

Nota de Disúrbia: per motius inconfessables (afinitat ideològica amb els imputats) el diari El Mundo ha fet i ha escrit coses impensables per tal de justificar i defensar els presumptes responsables del descontrol urbanístic d'Andratx, i aquesta notícia n'és una bona mostra. Si la reproduïm aquí no és per ganes, sinó perquè quedi constància a les generacions futures que en el nostre temps hi havia impresentables que encara relativitzaven la situació viscuda a Andratx els darrers anys. Esperam que el temps posi a tothom en el seu lloc, com ja ha passat amb aquest mateix mitjà en altres assumptes.

EDUARDO COLOM. PALMA.- Un ex alcalde se sentará este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma. El que fuera primer edil de Andratx por el Partido Popular, Eugenio Hidalgo, encara estos días el primero de los juicios derivados del caso Andratx, una de las operaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que derivó en su detención el 26 de noviembre de 2006 por presunta corrupción urbanística y por la cual, pese a que todavía no ha sido juzgado ni condenado, llegó a permanecer 52 días en la cárcel de Palma.

Sin embargo, y pese al revuelo mediático generado en torno a un caso que el propio fiscal de Medio Ambiente definió como un "hito", lo cierto es que Hidalgo será juzgado estos días por una casa en el campo. Ni cohechos ni grandes pelotazos urbanísticos. Una caseta de aperos en suelo rústico protegido que, siempre en grado de presunción, el alcalde habría reconvertido ilegalmente en un chalé usando certificados urbanísticos falsos y valiéndose de su condición de regidor de Urbanismo para lograrlo.

La Fiscalía solicita por ello hasta diez años de cárcel. A las acusaciones por delito contra la ordenación del territorio, el Ministerio Público une dos más graves: prevaricación y la falsedad documental. Y extiende sus duras acusaciones contra otros tres colaboradores del Consistorio en la era Hidalgo: el ex asesor de Urbanismo Jaume Massot (a la sazón director general de Ordenación del Territorio del Govern del PP), el ex celador de obras Jaime Gibert y el entonces asesor jurídico del Ayuntamiento Ignacio Mir.
Una trama

En su escrito de denuncia, la Fiscalía asevera que Hidalgo "era propietario de una parcela en Andratx de 3.035 m2 calificada como ARIP (Área Rústica de Interés Paisajístico)". Un solar en el que "dado el nivel de protección vigente y su superficie, era imposible autorizar la construcción de una vivienda unifamiliar aislada dado que allí sólo existía una alberca y una caseta de herramientas". Con todo, dicen los fiscales, Hidalgo "solicitó del Ayuntamiento el 14 de febrero de 2003 una licencia de obra mayor para ampliar un almacén agrícola, junto a la cual presentó un proyecto de ampliación" para construir una nave agrícola. "Todo ello con la finalidad de dar cobertura y apariencia de legalidad a la vivienda unifamiliar".

Los fiscales consideran que Gibert, Massot y Mir fueron colaboradores. Gibert porque, "aleccionado por Hidalgo", emitió una certificación "donde afirmó falsamente que allí existía un almacén agrícola con una antigüedad superior a 50 años". Massot y Mir porque elaboraron sendos informes favorables a la licencia de ampliación "cuando deberían haber informado en contr"». Les acusa de hacerlo "siguiendo un plan preestablecido". Los fiscales piden para Gibert 9 años de prisión, dos a Massot y uno a Mir.

La pieza de la nave agrícola es una de las 64 subcausas en las que la Justicia ha dividido el llamado caso Andratx. De momento es la única en la que un juez de Instrucción ha apreciado suficientes indicios como para decretar la apertura de juicio oral. El Ayuntamiento de Andratx, gobernado ahora por los rivales políticos de Hidalgo, se ha sumado a la causa como acusación.

Tras dos años de investigaciones, poco se conoce del verdadero alcance de la trama de corrupción urbanística de Andratx. La Fiscalía apunta a una recurrente falseación de la realidad urbanística para emitir licencias irregulares. Sin embargo, ha visto cómo algunas de las principales pruebas que reunió para acusar a Hidalgo, a Gibert y a Massot han ido quedando invalidadas. Así ocurrió con uno de los principales indicios que cimentaron la entrada y registro del Ayuntamiento: la detección de un presunto cohecho abonado una promotora que finalmente no resulto ser más que una operación de compraventa gestada ante notario.

El lunes y el martes comparecerán los acusados y los testigos. El miércoles la Sección Segunda de la Audiencia escuchará las conclusiones de los informes periciales aportados por las defensas y la acusación.