(Diario de Mallorca, 19/03/2008)

El técnico de Urbanismo está imputado por cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.  Diecieséis personas, entre ellos aparejadores, arquitectos, empresarios y otros ciudadanos particulares, han aportado ante la Policía y la fiscalía anticorrupción un rosario de datos presuntamente incriminatorios contra Aurelio Viñals, un aparejador que trabajó entre 2004 y 2007 en diferentes secciones de la gerencia de urbanismo de Cort, un departamento dirigido entonces por el ex edil del PP Javier Rodrigo de Santos, imputado en otra causa por presunta malversación de caudales. "Este era un comentario que (Viñals) hacía siempre: piensa que en tres meses lo podéis tener", ha explicado uno de los testigos, un promotor.

Viñals fue detenido el pasado 21 de febrero por el Cuerpo Nacional de Policía y puesto en libertad ese mismo día tras su puesta a disposición judicial. El técnico, que es interino, está acusado de los presuntos delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias. Desde ese día se halla en libertad provisional en espera de ser citado a declarar por el juez que instruya la causa. En la querella de la fiscalía anticorrupción figura encausado otro técnico municipal, el también aparejador Miguel Amengual, que, de momento, únicamente ha prestado declaración ante la Policía.

Licencias exprés

Los dieciséis testigos han facilitado numerosos datos incriminatorios contra la presunta trama de corrupción en el área de urbanismo que tendría varios niveles de actuación. El primer escalón sería la captación de clientes para determinados arquitectos y aparejadores entre personas que acudían a informarse a Urbanismo de Cort y con la promesa de ver acelerados sus proyectos y licencias gracias a las influencias de Viñals.

El principal querellado habría actuado como aparejador privado para algunos de estos clientes, pese a la incompatibilidad para trabajar en Palma donde ejercía como técnico municipal. Para camuflar esta actividad habría usado distintos ardides, como hacer figurar a otros técnicos.

Algunos testigos han admitido pagos de 10.000, 25.000 y 20.000 euros al querellado "para agilizar la tramitación administrativa" de varios proyectos.

Otras personas han explicado que algunos expedientes impulsados por el acusado tuvieron un curso exageradamente corto en Urbanismo, llegando a estar listos entre uno y tres meses, cuando lo normal eran 8 ó 9 meses. Entre las licencias exprés objeto de revisión judicial están precisamente tres cuya promoción la fiscalía atribuye a Viñals y Amengual mediante la empresa Eina Urbana S.L.

Por contra, y en otro apartado de los hechos, algunos de los testigos aseguran haberse enemistado con el técnico tras no ceder a sus exigencias de cada vez más dinero y haber sufrido represalias con sus obras.

´Honorarios extras para evitar obstáculos´

La querella de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach contra Aurelio Viñals, defendido por Laureano Arquero, incluye la declaración de un empresario como principal testigo de cargo. Este promotor ha reconocido que contrató al encausado como aparejador y que "empezó a pedir dinero para facilitar tramitaciones en el Ayuntamiento", actividad que llegó a incluir en sus presupuestos. Meses más tarde "llegó a pedir honorarios extras sobre los acordados como aparejador, en un principio para realizar gestiones ante el Ayuntamiento, pero después los pidió para evitar que las gestiones se demorasen y para sortear obstáculos".

El empresario asegura que posteriormente se enemistó con el querellado. Otra testigo afirma que Viñals le comentó que una licencia reclamada por el testigo de cargo "saldría cuando él quisiera". El proyecto tardó dos años en aprobarse.