(Diario de Mallorca, 15/03/2008)

Sobre las edificaciones pesaba ya una orden de derribo, pero los dueños no la habían ejecutado

I. MOURE. PALMA.  Con la unanimidad de todos los grupos políticos, la Comisión insular de Urbanismo del Consell de Mallorca acordó ayer acelerar la demolición de una quincena de obras ilegales. En la mayoría de casos, se trata de viviendas unifamiliares aisladas o de ampliaciones de construcciones ya existentes, que serán derribadas por completo.

Según informó la institución insular, sobre todas estas obras ya pesaba una orden de demolición, con sentencias en firme que databan incluso de 2001. Sin embargo, los particulares afectados no habían ejecutado estos mandamientos judiciales.

A partir de ahora, el procedimiento volverá a coger impulso, abriéndose un periodo de alegaciones y una nueva redacción del proyecto de derribo.

El Consell asumirá todos los trámites necesarios hasta la licencia municipal, momento a partir del cual contratará la ejecución y dirección de la demolición. Un proceso que la institución insular quiere realizar en un plazo máximo de un año.

Las obras ilegales están situadas en los municipios de Andratx, Alaró, Pollença, Son Servera, Sant Llorenç, Valldemossa, Santa Margalida, Llucmajor y Maria de la Salut, entre otros. En este último término, se derribará una de las vivienda de mayores dimensiones. Una construcción de 227 metros cuadrados, con un porche de 87 metros cuadrados y un garaje-cisterna. Los mandatos de derribo se harán cumplir también sobre una estación base de telefonía móvil al igual que sobre reformas domésticas varias. Las órdenes de demolición sobre todas estas obras se formularon entre los años 1998 y 2005.

Órgano supramunicipal

La decisión de la Comisión insular de Urbanismo se produce pocos días después de que el Consell aprobase, con el apoyo de todos los partidos políticos, la creación de un ente supramunicipal para el control urbanístico en suelo rústico. Lo integrarán la institución insular y los ayuntamientos que así lo deseen. La previsión es que esta entidad, con personalidad jurídica propia y carácter disuasivo, tenga las competencias de control, inspección y sanción en suelo rústico. Para los responsables del Consell el ente ayudará a dotar de efectividad a los mecanismos de control urbanístico. Otro asunto tratado en la Comisión insular de Urbanismo estuvo relacionado con la modificación de las Normas Subsidiarias de Sencelles para la creación de un vial de acceso a la zona escolar del municipio.