(Diario de Mallorca, 11/03/2008)

El celador municipal de obras acepta una condena que conlleva inicialmente su reingreso en prisión

FELIPE ARMENDÁRIZ/F. GUIJARRO. PALMA.  Jaime Gibert, el suspendido celador municipal de obras de Andratx, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para declararse culpable de varios delitos que se le imputan en el sumario por la presunta trama de corrupción urbanística en dicho municipio, desmantelada a finales de noviembre del 2006 en la operación Voramar. La conformidad de Gibert, uno de los principales imputados en el caso Andratx, da un vuelco a la instrucción de esta causa, pero muy probablemente conllevará, a medio o largo plazo, su reingreso en prisión.

El acuerdo entre los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach y la defensa de Gibert, ejercida por el bufete de Juan Luis Matas, se selló hace algunos días en presencia del juez de instrucción 12 de Palma, encargado del sumario contra la supuesta trama de corrupción.

Condiciones por escrito

La conformidad del imputado se ha hecho constar por escrito y en el mismo documento, al parecer, se detallan los posibles cargos que se le imputarían y las penas que la fiscalía anticorrupción pedirá por dichos supuestos delitos.

En el caso Andratx ya hay abiertas unas 70 piezas separadas, la mayoría de ellas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

En varias de estas piezas el celador municipal tendría un papel importante puesto que sus informes y certificados sobre las fincas rústicas, o con protección medioambiental, donde se construyeron chalés y otras viviendas presuntamente ilegales fueron claves para la concesión de licencias municipales.

Las dos partes han llegado a un consenso sobre las piezas separadas donde el funcionario municipal será acusado y donde éste admitirá su responsabilidad.

Básicamente Gibert podría ser acusado de varios delitos de falsedad de documento oficial y otros de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.

Pena de cinco años de cárcel

Las técnicas del Código Penal permiten en España acumular diferentes penas siempre que se trate de delitos conexos.

Estos mecanismos penológicos han sido aplicados al caso del imputado en el sumario de presunta corrupción y conllevarán una reducción del total de la condena a unos cinco años de privación de libertad.

Gibert, junto a Eugenio Hidalgo, el ex alcalde de Andratx por el Partido Popular (PP), fue ingresado en prisión a finales de noviembre del 2006 y estuvo privado de libertad 66 días.

Hidalgo y su antiguo subordinado permanecieron en la cárcel de Palma en dos etapas y salieron en libertad provisional finalmente el 22 de marzo del 2007.

La nueva postura procesal de Gibert contrasta abiertamente con la del resto de implicados, especialmente Eugenio Hidalgo, defendido por Rafael Perera, y Jaume Massot, representado por el despacho de Miguel Capellá. Ambos encausados siempre han negado todos los cargos contra ellos.

Aleccionado y convencido por Hidalgo

FELIPE ARMENDÁRIZ/F.GUIJARRO. PALMA. "En fecha 5 de mayo de 2003, el celador municipal acusado, Jaime Gibert, previamente aleccionado y convencido por Eugenio Hidalgo (alcalde de la localidad), emitió una certificación en el expediente municipal de concesión de licencia, donde afirmó falsamente que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años", postula la fiscalía anticorrupción en la primera pieza separada del caso Andratx, la del chalé-nave agrícola de Hidalgo, que va a ser enjuiciada por la Audiencia. El fiscal pide 9 años de cárcel para Gibert por esta pieza.

Gibert en los miles de documentos que integran el sumario del caso Andratx siempre ha tenido un papel secundario en relación a otros imputados, especialmente Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, el ex director general de Ordenación del Territorio del anterior Govern de Jaume Matas (PP).

Este rol subordinado dentro del supuesto entramado de corrupción se contradice con la etiqueta de "imputado principal" dentro del caso que ha tenido el celador de obras en la prensa.

Quizás el hecho de que Gibert fuera uno de los tres primeros arrestados por la Guardia Civil en la operación Voramar y su permanencia en prisión preventiva durante 66 días hizo aumentar su importancia desde el punto de vista informativo.

Sin embargo, el suspendido funcionario del Ayuntamiento de Andratx no ha tenido ningún tipo de protagonismo desde que salió en libertad provisional hace casi un año.

Gibert ha acudido muchas veces en el último año a los juzgados de Vía Alemania, entre otros motivos para hacer sus periódicas presentaciones incluidas en su libertad provisional, pero ha esquivado eficazmente a los medios de comunicación.

Sus únicas palabras pronunciadas tras abandonar la cárcel fueron para admitir que la privación de libertad le había resultado muy dura, especialmente por el alejamiento forzoso de su familia.

En las conversaciones telefónicas entre los implicados en el caso Andratx intervenidas por la Guardia Civil, por orden judicial, hay registradas muchas en las que aparece Jaime Gibert. En algunas charlas mantenidas entre el celador y su entonces superior, y socio, Eugenio Hidalgo, aflora la rudeza con que éste le trataba. "Si no me firmas el final de obra te vas a la puta calle", dice Hidalgo a Gibert, que reacciona con calma ante la vehemencia de su alcalde.

Extremo hermetismo sobre el pacto

Las negociaciones, y el posterior acuerdo, entre la fiscalía anticorrupción y la defensa de Jaime Gibert, ejercida por Juan Luis Matas, de cara a replantear su situación procesal y buscar una sentencia de conformidad se han mantenido en el más estricto secreto.

Las conversaciones se habrían prolongado durante varias semanas y finalmente cristalizaron en un acuerdo, que ambas partes decidieron plasmar por escrito y ante el juez instructor del caso Andratx, hasta hace unos días el magistrado Álvaro Latorre.

Las primeras consecuencias del pacto se verán ya en el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx que va a celebrar la sección segunda de la Audiencia de Palma el próximo mes de mayo.

Si todo sale como está previsto, Jaime Gibert se conformará con la condena que pedirá para él la fiscalía anticorrupción por emitir un certificado oficial dando fe de que en una finca rústica del entonces alcalde Eugenio Hidalgo existía una nave agrícola con una antigüedad superior al medio siglo, afirmación supuestamente falsa.