(Diario de Ibiza, 7/03/2008)

Los técnicos comprueban que sus dimensiones sobrepasan a las de la licencia que se concedió en 1992 y que 10 años después fue declarada nula. La propietaria y su abogada trataron de impedir la entrada

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La mansión de es Puig d´en Serra sobrepasa el proyecto que en su día el Ayuntamiento de Sant Josep autorizó mediante una licencia de obra que posteriormente fue declarada nula por los tribunales. Así lo pudieron constatar los técnicos de Sant Josep que ayer pudieron acceder al interior de la vivienda, construida en la cima de un monte protegido de es Cubells y sobre la que pesa una orden judicial de demolición, para comprobar in situ sus dimensiones como paso previo a la redacción del proyecto de derrumbe del inmueble. El Consistorio contaba con una autorización judicial, aunque la propiedad y una abogada se negaron inicialmente a que los técnicos, acompañados por una patrulla de la Policía Local, pudieran entrar en la vivienda, lo que obligó a que una segunda patrulla se presentara en la casa con una letrada del Ayuntamiento con toda la documentación.

Los técnicos pudieron comprobar que la mansión, de unos 900 metros cuadrados, no se ajusta al proyecto que se presentó en el Ayuntamiento de Sant Josep y sobre el que en su día se concedió licencia de construcción. «Se edificaron más habitaciones de las que inicialmente se autorizaron», señaló ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats. Dicha autorización fue declarada nula por una sentencia judicial y por este mismo motivo fue procesado el ex alcalde José Serra Escandell y otros miembros de la comisión de gobierno de 1992, año en que se concedió la licencia de obra, aunque todos fueron absueltos debido a que el delito, según la sentencia, había prescrito en el momento en que se inició la instrucción judicial. La licencia fue declarada nula 10 años después de su concesión y como consecuencia de las denuncias efectuadas por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN). Dicha vivienda se construyó en un espacio inedificable, según la Ley de Espacios Naturales, por lo que no se pudo legalizar.

El nuevo gobierno municipal ya trató de acceder a finales de noviembre al interior de la casa para hacer las mediciones necesarias, pero no había nadie en su interior, por lo que no pudieron franquear la puerta. La propiedad del inmueble, que está obligada a derruir la mansión, incumplió el plazo para presentar en el Ayuntamiento el proyecto de demolición, lo que obligó al Consistorio a iniciar el proceso de ejecución por su cuenta, de forma subsidiaria. El edil de Urbanismo aseguró ayer a este periódico que los propietarios son quienes deben sufragar los costes de la redacción del proyecto y la demolición de la mansión. «Nosotros haremos todo lo que nos indique el juez. El propietario tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no ha querido. Nosotros nos vemos obligados a hacerlo de forma subsidiaria», explicó el concejal.