(El Mundo, 22/02/2008)

Así lo anunció el portavoz 'popular' en la Institución Insular, Jaume Font, quien señaló que este órgano se haría cargo además de los 103 expedientes urbanísticos que desde julio de 2003 tiene subrogados el Consell y que aún no han sido ejecutados. Según apuntó, los 53 ayuntamientos de Mallorca podrán adherirse de forma voluntaria al Consell ante la falta de medios para garantizar el cumplimiento de la legalidad en este ámbito.

De este modo, el PP propondrá en la sesión plenaria del 3 de marzo trasladar el acuerdo a la Asamblea de Alcaldes de la isla, iniciativa que supondrá una "mejora" del documento que presentó el pasado día 14 la consellera de Territorio del Consell, Maria Luisa Dubón, con el que instaba a los municipios de menos de 5.000 habitantes a que transfiriesen a la Institución sus competencias.

"La iniciativa de Dubón es un buen paso pero nosotros queremos dar dos pasos más", reconoció el portavoz 'popular', quien aclaró que el nuevo ente sería similar al existente ya en Menorca, encargado de poner a todos los municipios, excepto Ciutadella, los medios necesarios para la inspección, la apertura de expedientes sancionadores y la resolución de éstos en caso de infracción.

De esta forma, el Consorcio, que estaría liderado, a propuesta del PP, por la presidenta del Consell, Francina Armengol, junto con los alcaldes de los municipios adheridos, dedicaría sus funciones a velar por la legalidad urbanística en Mallorca mediante la realización de la actividad inspectora y la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores -legalización de una propiedad con sanción incluida para el propietario o demolición-.

El Consorcio actuaría, de este modo, en beneficio de los pueblos que disponen de un arquitecto, un aparejador o un celador que, por problemas de financiación del Consistorio, no pueden trabajar durante toda la semana y cubrir así todas las acciones urbanísticas. "No queremos interferir en la iniciativa de Dubón, pero la sociedad pide orden dentro del suelo urbanístico", manifestó.

Tal y como recalcó, es necesario establecer un marco de actuación conjunta que implique un mayor control y agilización de las cuestiones que afectan a esta materia y que asegure "un tratamiento de igualdad entre todas las Administraciones implicadas".

En palabras de Font, acompañado por el portavoz adjunto del PP, Fernando Rubio, "es necesario tratar a todos los municipios por igual", no sólo los del PP ni los que cuentan con menos de 5.000 habitantes. Así, puntualizó que las localidades donde se han producido más irregularidades "no son aquellas donde ha gobernado el PP", citando así, entre otros, a Lloseta. [Nota de Disúrbia: Sr. Font, per favor, calli i no digui coses que només el posen en evidència...]