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Sant Lluis: expediente de disciplina para las obras de Sa Sivina de Baix |
(Menorca, 24/01/2008)
El Consorcio de Suelo Rústico estudia una sanción del 5 por ciento del coste de la reforma interior de la antigua boyera, ya que fue iniciada sin licencia
F. Saborit. Maó.
El Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico tramita un expediente de sanción a los promotores de la reforma interior realizada en un antigua boyera de Sant Lluís, en la zona de Sa Sivina de Baix, junto al complejo hotelero Insotel. La multa por el inicio de las obras sin la licencia pertinente, aunque legalizadas con posterioridad, podría ascender a un 5 por ciento del presupuesto total del proyecto, de confirmarse la sanción por la junta de gobierno del Consorcio, que se reunirá el próximo mes de febrero.
El conseller de Ordenación Territorial, Marc Pons, informó del seguimiento de las obras a cargo del Consorcio de Disciplina en Rústico durante el último pleno del Consell, en respuesta a una pregunta formulada por el conseller del Grupo Popular, José Seguí. El portavoz de la oposición trasladó al plenario de la institución la demanda de información que, de forma reiterada, ha realizado el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís, que concedió el primer permiso para la reforma y ampliación del antiguo ‘bouer’ en el año 2001.
La reforma se convirtió en una nave de nueva planta de unos 600 metros cuadrados, según la denuncia formulada por la oposición en el Consistorio de Sant Lluís ya en el año 2004. El portavoz del PP reiteró durante el pleno insular que el edificio había “multiplicado por cuatro” la superficie inicial, y recordó que existía también un requerimiento de información por parte de la entidad ecologista GOB, que ya dio lugar a una inspección municipal en la zona.
Las obras fueron también objeto de una inspección por parte del Consorcio de Disciplina en Rústico, pero sólo relativa a los trabajos realizados en el interior de la vivienda.
Según explicó ayer el conseller Marc Pons, el expediente de disciplina se inició en agosto de 2006, ya que la primera licencia municipal para reformar la boyera data de 2001, año en el que todavía no se había creado el Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico. El organismo sólo ha actuado en las obras posteriores, llevadas a cabo dentro del antiguo ‘bouer’ y que, a raíz de la inspección insular, fueron legalizadas por el Ayuntamiento tras la petición del permiso correspondiente por parte de los promotores. No sólo el PP de Sant Lluís cuestionó la legalidad de dichas obras, sino que también el PSM, ahora integrante del equipo de gobierno municipal y en 2004 representado por el edil Guillem Mercadal, solicitó con insistencia al alcalde, el socialista Llorenç Carretero, si existía o no una cédula de habitabilidad del inmueble.
El Consorcio de Suelo Rústico estudia una sanción del 5 por ciento del coste de la reforma interior de la antigua boyera, ya que fue iniciada sin licencia
F. Saborit. Maó.
El Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico tramita un expediente de sanción a los promotores de la reforma interior realizada en un antigua boyera de Sant Lluís, en la zona de Sa Sivina de Baix, junto al complejo hotelero Insotel. La multa por el inicio de las obras sin la licencia pertinente, aunque legalizadas con posterioridad, podría ascender a un 5 por ciento del presupuesto total del proyecto, de confirmarse la sanción por la junta de gobierno del Consorcio, que se reunirá el próximo mes de febrero.
El conseller de Ordenación Territorial, Marc Pons, informó del seguimiento de las obras a cargo del Consorcio de Disciplina en Rústico durante el último pleno del Consell, en respuesta a una pregunta formulada por el conseller del Grupo Popular, José Seguí. El portavoz de la oposición trasladó al plenario de la institución la demanda de información que, de forma reiterada, ha realizado el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís, que concedió el primer permiso para la reforma y ampliación del antiguo ‘bouer’ en el año 2001.
La reforma se convirtió en una nave de nueva planta de unos 600 metros cuadrados, según la denuncia formulada por la oposición en el Consistorio de Sant Lluís ya en el año 2004. El portavoz del PP reiteró durante el pleno insular que el edificio había “multiplicado por cuatro” la superficie inicial, y recordó que existía también un requerimiento de información por parte de la entidad ecologista GOB, que ya dio lugar a una inspección municipal en la zona.
Las obras fueron también objeto de una inspección por parte del Consorcio de Disciplina en Rústico, pero sólo relativa a los trabajos realizados en el interior de la vivienda.
Según explicó ayer el conseller Marc Pons, el expediente de disciplina se inició en agosto de 2006, ya que la primera licencia municipal para reformar la boyera data de 2001, año en el que todavía no se había creado el Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico. El organismo sólo ha actuado en las obras posteriores, llevadas a cabo dentro del antiguo ‘bouer’ y que, a raíz de la inspección insular, fueron legalizadas por el Ayuntamiento tras la petición del permiso correspondiente por parte de los promotores. No sólo el PP de Sant Lluís cuestionó la legalidad de dichas obras, sino que también el PSM, ahora integrante del equipo de gobierno municipal y en 2004 representado por el edil Guillem Mercadal, solicitó con insistencia al alcalde, el socialista Llorenç Carretero, si existía o no una cédula de habitabilidad del inmueble.