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Ses Salines: el fiscal solicita que el caso Cavallistas pase al TSJB |
(Diario de Mallorca, 17/01/2008)
La condición de diputada de Catalina Soler obligaría al cambio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. La fiscalía anticorrupción ha pedido al juez de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, que se inhiba del llamado caso Caballistas, donde aparecen imputados once dirigentes del Partido Popular de Mallorca y dos funcionarios, ante la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ante la condición de diputada del Parlament de uno de los encausados, la alcaldesa de Felanitx Catalina Soler. De forma paralela, Rafael Perera, abogado defensor de los alcaldes, ediles y ex primeros ediles del PP imputados por presunta falsedad de documento oficial, anunció ayer la interposición de un recurso contra una reciente imputación formal de los once políticos y los dos funcionarios.
El magistrado Rotger dictó hace unos días un auto convirtiendo las diligencias previas del caso Caballistas en un procedimiento abreviado, un trámite procesal que supone una ratificación de la imputación contra los encausados y abre la puerta a la celebración de un juicio oral, si lo solicita la fiscalía anticorrupción o las dos acusaciones populares, ejercidas por los letrados Josep de Luis, en representación de un particular, y Estela Soler, en nombre del Partido Socialista.
Competencia del TSJB
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al instructor que se inhiba, de cara a la imputación formal de los trece encartados y al posible enjuiciamiento de este sumario, en favor del TSJB, instancia competente en virtud del aforamiento de la diputada Catalina Soler.
El juez tendrá que reclamar formalmente al Parlament una certificación de la condición de diputada de la alcaldesa de Felanitx y después elevar una exposición razonada a la sala de lo Civil y de lo Penal del Alto Tribunal.
La doctrina vigente en materia de aforados limita a la fase final de las pesquisas la intervención del TSJB.
El juez ha imputado formalmente a once alcaldes y tenientes de alcalde del PP en 2005 por emitir certificados oficiales falsos sobre actividades de la Agrupación Caballista de Ses Salines, que el entonces alcalde de dicha localidad pensaba emplear para legalizar su casa en suelo rústico.
La condición de diputada de Catalina Soler obligaría al cambio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. La fiscalía anticorrupción ha pedido al juez de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, que se inhiba del llamado caso Caballistas, donde aparecen imputados once dirigentes del Partido Popular de Mallorca y dos funcionarios, ante la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ante la condición de diputada del Parlament de uno de los encausados, la alcaldesa de Felanitx Catalina Soler. De forma paralela, Rafael Perera, abogado defensor de los alcaldes, ediles y ex primeros ediles del PP imputados por presunta falsedad de documento oficial, anunció ayer la interposición de un recurso contra una reciente imputación formal de los once políticos y los dos funcionarios.
El magistrado Rotger dictó hace unos días un auto convirtiendo las diligencias previas del caso Caballistas en un procedimiento abreviado, un trámite procesal que supone una ratificación de la imputación contra los encausados y abre la puerta a la celebración de un juicio oral, si lo solicita la fiscalía anticorrupción o las dos acusaciones populares, ejercidas por los letrados Josep de Luis, en representación de un particular, y Estela Soler, en nombre del Partido Socialista.
Competencia del TSJB
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al instructor que se inhiba, de cara a la imputación formal de los trece encartados y al posible enjuiciamiento de este sumario, en favor del TSJB, instancia competente en virtud del aforamiento de la diputada Catalina Soler.
El juez tendrá que reclamar formalmente al Parlament una certificación de la condición de diputada de la alcaldesa de Felanitx y después elevar una exposición razonada a la sala de lo Civil y de lo Penal del Alto Tribunal.
La doctrina vigente en materia de aforados limita a la fase final de las pesquisas la intervención del TSJB.
El juez ha imputado formalmente a once alcaldes y tenientes de alcalde del PP en 2005 por emitir certificados oficiales falsos sobre actividades de la Agrupación Caballista de Ses Salines, que el entonces alcalde de dicha localidad pensaba emplear para legalizar su casa en suelo rústico.