Sant Lluís: Carretero alegó dificultades para demoler la piscina de Binibeca |
(Menorca, 11/01/2008)
El alcalde de Sant Lluís comunicó al Juzgado de Palma problemas para definir la delimitación superficial del terreno donde se construyó la instalación de agua
Toni Seguí. Sant Lluís.
El alcalde de Sant Lluís, Llorenç Carretero, alegó el pasado día 20 de diciembre dificultades para ejecutar el proceso de demolición de la piscina de Binibeca Club y la restitución de la zona afectada, debido a la confluencia de una zona verde pública y otra privada de equipamiento comercial. Además, en el escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma contra el auto judicial del 7 de diciembre, en el que se informaba de la imposición de sanciones pecuniarias por no haber ejecutado la sentencia, constató la existencia de problemas en este sector urbanístico que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento y la necesidad de fijar con precisión los límites de la superficie afectada.
Llorenç Carretero comunicó a la Magistrada-Juez titular del citado Juzgado que el proceso para llevar a cabo íntegramente la ejecución de la sentencia de demolición estuvo condicionado por las discrepancias surgidas con la propiedad para conciliar los derechos de ambas partes “y la aplicación de las necesarias cautelas para no producir lesiones sobre derechos indiscutibles de la propiedad”. Este escrito se redactó ocho días después de que el propio Ayuntamiento, bajo las indicaciones del concejal de Urbanismo Remigio Lora, iniciara de forma subsidiaria los trabajos de demolición, aunque la propiedad se hizo cargo de los trabajos en el mismo día.
El auto judicial del pasado día 7 de diciembre constataba que la sentencia de demolición no se había llevado a cabo, además de asegurar que el Ayuntamiento había intentado confundir al Juzgado con las acciones realizadas. Por ello, ordenó el inicio de una investigación para determinar si Llorenç Carretero hubiera incidido en alguna responsabilidad penal, y concretamente si hubiese cometido un delito de desobediencia a la autoridad.
El alcalde manifestó en el escrito su plena voluntad a la ejecución de la sentencia, por lo que relató las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento que no figuraban en autos, concretamente las instrucciones a la propiedad en octubre pasado sobre el estado definitivo del terreno y el inicio de la ejecución subsidiaria el pasado día 12 de diciembre.
El alcalde de Sant Lluís comunicó al Juzgado de Palma problemas para definir la delimitación superficial del terreno donde se construyó la instalación de agua
Toni Seguí. Sant Lluís.
El alcalde de Sant Lluís, Llorenç Carretero, alegó el pasado día 20 de diciembre dificultades para ejecutar el proceso de demolición de la piscina de Binibeca Club y la restitución de la zona afectada, debido a la confluencia de una zona verde pública y otra privada de equipamiento comercial. Además, en el escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma contra el auto judicial del 7 de diciembre, en el que se informaba de la imposición de sanciones pecuniarias por no haber ejecutado la sentencia, constató la existencia de problemas en este sector urbanístico que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento y la necesidad de fijar con precisión los límites de la superficie afectada.
Llorenç Carretero comunicó a la Magistrada-Juez titular del citado Juzgado que el proceso para llevar a cabo íntegramente la ejecución de la sentencia de demolición estuvo condicionado por las discrepancias surgidas con la propiedad para conciliar los derechos de ambas partes “y la aplicación de las necesarias cautelas para no producir lesiones sobre derechos indiscutibles de la propiedad”. Este escrito se redactó ocho días después de que el propio Ayuntamiento, bajo las indicaciones del concejal de Urbanismo Remigio Lora, iniciara de forma subsidiaria los trabajos de demolición, aunque la propiedad se hizo cargo de los trabajos en el mismo día.
El auto judicial del pasado día 7 de diciembre constataba que la sentencia de demolición no se había llevado a cabo, además de asegurar que el Ayuntamiento había intentado confundir al Juzgado con las acciones realizadas. Por ello, ordenó el inicio de una investigación para determinar si Llorenç Carretero hubiera incidido en alguna responsabilidad penal, y concretamente si hubiese cometido un delito de desobediencia a la autoridad.
El alcalde manifestó en el escrito su plena voluntad a la ejecución de la sentencia, por lo que relató las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento que no figuraban en autos, concretamente las instrucciones a la propiedad en octubre pasado sobre el estado definitivo del terreno y el inicio de la ejecución subsidiaria el pasado día 12 de diciembre.