Deià: El GOB vuelve a instar al TSJB a hacer efectivas las sentencias de demolición de los chalés |
(Diario de Mallorca, 28/12/2007)
J. F. S. INCA. El grupo ecologista GOB ha instado de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a "hacer efectivas las numerosas sentencias de demolición" que pesan sobre los cuatro chalés de Llucalcari (Deià) debido a que "el grado de incumplimiento de los autos y sentencias que obligan al ayuntamiento de Deià a derribar los cuatro chalets empieza a ser escandaloso", según los ecologistas.
El GOB recuerda que "ya han pasado más de dos años desde la última resolución del TSJB" y que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, sigue sin hacer efectivas las demoliciones, lo que "es inadmisible en un Estado de derecho".
La asociación reclama al TSJB que "ordene" al alcalde de Deià a ejecutar los derribos de las construcciones levantadas hace veinte años en una zona protegida por la Ley de Patrimonio Histórico y declarada como BIC. El GOB recuerda que las sentencias "no son recurribles ante ninguna instancia superior".
Nueve años después de la primera sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento sigue sin ejecutar la orden judicial.
J. F. S. INCA. El grupo ecologista GOB ha instado de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a "hacer efectivas las numerosas sentencias de demolición" que pesan sobre los cuatro chalés de Llucalcari (Deià) debido a que "el grado de incumplimiento de los autos y sentencias que obligan al ayuntamiento de Deià a derribar los cuatro chalets empieza a ser escandaloso", según los ecologistas.
El GOB recuerda que "ya han pasado más de dos años desde la última resolución del TSJB" y que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, sigue sin hacer efectivas las demoliciones, lo que "es inadmisible en un Estado de derecho".
La asociación reclama al TSJB que "ordene" al alcalde de Deià a ejecutar los derribos de las construcciones levantadas hace veinte años en una zona protegida por la Ley de Patrimonio Histórico y declarada como BIC. El GOB recuerda que las sentencias "no son recurribles ante ninguna instancia superior".
Nueve años después de la primera sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento sigue sin ejecutar la orden judicial.