 |
Sant Lluís: el PP cree que la demolición se aceleró para proteger al alcalde |
(Menorca, 22/12/2007)
Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma advierte de un posible delito de desobediencia a la autoridad y de responsabilidad penal
F. Saborit. Maó.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís sospecha que la intervención municipal para demoler la piscina ilegal de Binibeca Club Hotel ha sido más rápida de lo acordado por el pleno, el pasado mes de agosto, debido al auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma, en el que se advierte de la investigación sobre una posible responsabilidad penal del alcalde. El auto judicial fue leído por el secretario municipal en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, una semana después de que las excavadoras entraran en la parcela de Binibeca Club para dar cumplimiento a la resolución firmada por el alcalde, Llorenç Carretero, en noviembre de 2006, que señalaba la imposibilidad de legalizar las obras y obligaba a la restitución de los terrenos.
La portavoz de la oposición municipal, Maruja Baíllo, declaró ayer que su grupo desconocía la existencia del auto y que su análisis posterior “nos lleva a pensar que el equipo de gobierno había tenido noticias antes y por ello se apresuró a llevar a cabo la demolición”. Según la concejala del PP, esto explicaría que el Ayuntamiento no agotara el plazo fijado en la propuesta aprobada el pasado agosto, en la que se recoge textualmente que “en caso de incumplimiento (por parte de Binibeca Club), este Ayuntamiento con anterioridad a 31 de enero de 2008 procederá a la ejecución subsidiaria” de la demolición de la piscina.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca emitió el auto el pasado día 7, como consecuencia de los escritos remitidos por el Grupo Popular el pasado mes de septiembre, en los que denunciaba el incumplimiento de la demolición de la piscina y la restitución de los terrenos. El PP también se dirigió, para exigir la ejecución de la sentencia del año 2003, a la Fiscalía Anticorrupción.
Según el auto judicial leído en el pleno municipal de Sant Lluís, “el Ayuntamiento no ha cumplido con lo ordenado, intentando confundir al Juzgado con lo actuado”, por lo que indica que “debe expedirse testimonio de particulares de todo lo actuado para remisión al Juzgado Decano de los de Maó para investigar si el señor alcalde hubiere incidido en alguna responsabilidad penal y, en particular, si se hubiese cometido un delito de desobediencia a la autoridad”.
Un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma advierte de un posible delito de desobediencia a la autoridad y de responsabilidad penal
F. Saborit. Maó.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Lluís sospecha que la intervención municipal para demoler la piscina ilegal de Binibeca Club Hotel ha sido más rápida de lo acordado por el pleno, el pasado mes de agosto, debido al auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma, en el que se advierte de la investigación sobre una posible responsabilidad penal del alcalde. El auto judicial fue leído por el secretario municipal en la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, una semana después de que las excavadoras entraran en la parcela de Binibeca Club para dar cumplimiento a la resolución firmada por el alcalde, Llorenç Carretero, en noviembre de 2006, que señalaba la imposibilidad de legalizar las obras y obligaba a la restitución de los terrenos.
La portavoz de la oposición municipal, Maruja Baíllo, declaró ayer que su grupo desconocía la existencia del auto y que su análisis posterior “nos lleva a pensar que el equipo de gobierno había tenido noticias antes y por ello se apresuró a llevar a cabo la demolición”. Según la concejala del PP, esto explicaría que el Ayuntamiento no agotara el plazo fijado en la propuesta aprobada el pasado agosto, en la que se recoge textualmente que “en caso de incumplimiento (por parte de Binibeca Club), este Ayuntamiento con anterioridad a 31 de enero de 2008 procederá a la ejecución subsidiaria” de la demolición de la piscina.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca emitió el auto el pasado día 7, como consecuencia de los escritos remitidos por el Grupo Popular el pasado mes de septiembre, en los que denunciaba el incumplimiento de la demolición de la piscina y la restitución de los terrenos. El PP también se dirigió, para exigir la ejecución de la sentencia del año 2003, a la Fiscalía Anticorrupción.
Según el auto judicial leído en el pleno municipal de Sant Lluís, “el Ayuntamiento no ha cumplido con lo ordenado, intentando confundir al Juzgado con lo actuado”, por lo que indica que “debe expedirse testimonio de particulares de todo lo actuado para remisión al Juzgado Decano de los de Maó para investigar si el señor alcalde hubiere incidido en alguna responsabilidad penal y, en particular, si se hubiese cometido un delito de desobediencia a la autoridad”.