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Las sanciones en rústico alcanzan 254.000 euros |
(Menorca, 19/12/2007)
El Consorcio que vela por el cumplimiento de la Disciplina Urbanística ha realizado 481 actuaciones y prevé ejecutar las primeras demoliciones en 2008
Redacción. Maó.
Desde su puesta en funcionamiento, el Consorcio para la Protección de la Legalidad en suelo rústico ha impuesto sanciones por valor de 254.000 euros, cinco de las cuales, que suman un total de 98.000 euros, fueron aprobadas en el transcurso de la junta de gobierno del organismo reunida, por segunda vez en este mandato, la semana pasada. En esta misma reunión, se acordó resolver desfavorablemente nueve expedientes, mientras que otros seis eran archivados.
Con los de la semana pasada, el Consorcio suma 40 expedientes desfavorables, de los que 33 han derivado en expediente sancionador, si bien la junta de gobierno ha aprobado 20, quedando pendientes los 13 restantes. Por lo que se refiere a los procedimientos archivados, han sido 16 los archivados desde que este organismo mancomunado comenzó a actuar.
El Consorcio, integrado por el Consell y todos los ayuntamientos de la Isla, excepto el de Ciutadella, ha realizado 481 actuaciones, de las que 161 han acabado en la apertura de un expediente al confirmarse la existencia de una infracción urbanística. De estos expedientes, 16 se han archivado y son supuestos en los que las edificaciones examinadas acaban legalizándose, si bien los responsables están obligados a abonar en concepto de sanción el cinco por ciento del coste de ejecución de la obra ejecutada sin licencia.
Otros cuarenta cuentan con resolución de la junta de gobierno y corresponden a obras no legalizables motivo por el cual los infractores están obligados a restituir los terrenos afectados a su estado original y a abonar una sanción que oscila entre el 50 y el 100 por cien del coste de ejecución. Para el caso, de que no se hagan cargo de las demoliciones oportunas, el Consorcio tramita la contratación de una empresa especializada, a fin de conseguir agilizar el proceso. Finalmente, los 105 expedientes restantes se encuentran en proceso de tramitación.
Por lo que respecta a la tipología de las últimas infracciones detectadas y expedientadas corresponden a reformas y ampliaciones, a construcciones de reducidas dimensiones y también a edificaciones de nueva planta en estado inicial, ya sean espacios sin uso definido o residenciales. También se han detectado casos de apertura de caminos y movimientos de tierra. Todas estas actuaciones han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia.
El Consorcio que vela por el cumplimiento de la Disciplina Urbanística ha realizado 481 actuaciones y prevé ejecutar las primeras demoliciones en 2008
Redacción. Maó.
Desde su puesta en funcionamiento, el Consorcio para la Protección de la Legalidad en suelo rústico ha impuesto sanciones por valor de 254.000 euros, cinco de las cuales, que suman un total de 98.000 euros, fueron aprobadas en el transcurso de la junta de gobierno del organismo reunida, por segunda vez en este mandato, la semana pasada. En esta misma reunión, se acordó resolver desfavorablemente nueve expedientes, mientras que otros seis eran archivados.
Con los de la semana pasada, el Consorcio suma 40 expedientes desfavorables, de los que 33 han derivado en expediente sancionador, si bien la junta de gobierno ha aprobado 20, quedando pendientes los 13 restantes. Por lo que se refiere a los procedimientos archivados, han sido 16 los archivados desde que este organismo mancomunado comenzó a actuar.
El Consorcio, integrado por el Consell y todos los ayuntamientos de la Isla, excepto el de Ciutadella, ha realizado 481 actuaciones, de las que 161 han acabado en la apertura de un expediente al confirmarse la existencia de una infracción urbanística. De estos expedientes, 16 se han archivado y son supuestos en los que las edificaciones examinadas acaban legalizándose, si bien los responsables están obligados a abonar en concepto de sanción el cinco por ciento del coste de ejecución de la obra ejecutada sin licencia.
Otros cuarenta cuentan con resolución de la junta de gobierno y corresponden a obras no legalizables motivo por el cual los infractores están obligados a restituir los terrenos afectados a su estado original y a abonar una sanción que oscila entre el 50 y el 100 por cien del coste de ejecución. Para el caso, de que no se hagan cargo de las demoliciones oportunas, el Consorcio tramita la contratación de una empresa especializada, a fin de conseguir agilizar el proceso. Finalmente, los 105 expedientes restantes se encuentran en proceso de tramitación.
Por lo que respecta a la tipología de las últimas infracciones detectadas y expedientadas corresponden a reformas y ampliaciones, a construcciones de reducidas dimensiones y también a edificaciones de nueva planta en estado inicial, ya sean espacios sin uso definido o residenciales. También se han detectado casos de apertura de caminos y movimientos de tierra. Todas estas actuaciones han sido ejecutadas sin la correspondiente licencia.